Imputan a cuatro exfuncionarios por presuntos maltratos contra menores en un albergue de Panamá
Después de siete meses y once días sin conocerse detalles sobre los resultados de la investigación por presuntos maltratos contra menores de edad en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el caso registró su primer avance judicial relevante: cuatro exfuncionarios fueron imputados por el delito de maltrato al menor .
La juez de garantías Marlenis Boutet imputó cargos a Ruth Sánchez, exdirectora del CAI de Tocumen , y a otras tres personas responsables de atender a los residentes.
La audiencia se realizó de manera reservada debido a que la investigación involucra a menores que permanecían bajo protección del Estado .
La juzgadora ordenó a los imputados reportarse los días 15 y 30 de cada mes y les prohibió acercarse a las instalaciones del centro.
También estableció impedimento de salida del país y la prohibición de utilizar redes sociales mientras continúe el proceso judicial .
La Fiscalía de Familia apeló las medidas cautelares y el recurso será atendido el 6 de octubre.
Una quinta persona debía comparecer en la audiencia, pero su imputación fue aplazada debido a que no se presentó .
La nueva diligencia quedó programada para el próximo 30 de septiembre .
El expediente comenzó con la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes el 6 de febrero, después de una inspección realizada junto con personal técnico de la Asamblea Nacional .
La visita permitió documentar posibles maltratos, daños estructurales y fallas en la atención de los residentes del albergue .
Brenes amplió posteriormente la denuncia ante el Ministerio Público con fotografías, videos, informes técnicos y testimonios sobre las presuntas irregularidades .
Entre los señalamientos aparecían posibles agresiones físicas y psicológicas, autolesiones, contagios de enfermedades y falta de separación entre menores y adultos en condición vulnerable .
La documentación también describía baños inhabilitados, dormitorios deteriorados, escasez de insumos básicos y ausencia de planes individualizados para atender a cada residente .
En aquel momento permanecían 35 personas en el centro: 23 menores y 12 adultos, mientras 21 presentaban alguna discapacidad física, intelectual o psicosocial .
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