La vivienda cala de lleno en el discurso electoral y el descontento sigue en la calle

Madrid, 10 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado los dos nuevos decretos de vivienda en una semana marcada por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que ha desatado unas movilizaciones que desembocarán en una huelga y que están situando la vivienda en el centro de la campaña.

Con el primero de los decretos ya en vigor, ambos reales decretos-ley tendrán que votarse próximamente en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes, donde está previsto que solo se convalide uno, el primero de ellos, que contiene la mayoría de medidas y el apoyo del PNV, dejando la prórroga automática de los alquileres para un debate futuro.

Convertido en el principal problema de los españoles según el CIS, pese a que en 2018 -la fecha del último barómetro sobre vivienda- no figuraba entre los primeros puestos, la crisis de vivienda ya centra el discurso político a las puertas de una campaña electoral que arrancará oficialmente la medianoche del 13 de noviembre y que conducirá a unas elecciones el domingo 29.

Días antes de estos comicios, una huelga general por el acceso a la vivienda sucederá el miércoles 11 de noviembre a las protestas sociales que comenzaron tras el desahucio de Maricarmen, alentadas por el Sindicato de Inquilinas.

La cuestión de la vivienda ha pasado de ser un problema económico y social a ocupar el centro de la confrontación política y todas las formaciones tienen claro que de la vivienda dependerá la victoria o derrota en las urnas.

El Gobierno reconoce que el problema es muy complejo y que es evidente que hay una falta de oferta en el mercado.

Asimismo, el Banco de España subrayó ayer viernes que la inversión residencial está creciendo este año de una forma más moderada de lo previsto, en línea con la menor ejecución de visados, menos viviendas finalizadas, mayores costes productivos, dificultades en el acceso y en la conexión a la red eléctrica, que limita nuevas promociones.

Estima que la evolución de la nueva financiación bancaria para actividades de construcción y el mayor número de viviendas iniciadas apuntan a un mayor dinamismo en el segundo semestre de 2026 y en 2027, pero dependerá de restricciones como la ausencia de mano de obra, la lentitud de los desarrollos urbanísticos o la escasez de suelo finalista.

Según el último barómetro elaborado por el CIS, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, más del 91 % de los encuestados cree que, en este momento, las administraciones deberían construir más viviendas públicas en España y un 76,3 % considera que el Estado debe intervenir en el mercado para garantizar el acceso.