Human Rights Watch pide a Abelardo de la Espriella fortalecer medidas contra el reclutamiento de menores en Colombia

Human Rights Watch pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad y justicia para enfrentar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia.

La organización hizo el llamado en un informe de 124 páginas en el que analiza el aumento de estos casos, los factores que ponen a los menores en riesgo y las deficiencias de la respuesta estatal.

Según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por Human Rights Watch, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021.

La organización aclaró que no cuenta con datos exhaustivos sobre todos los casos, pero señaló que las cifras oficiales disponibles muestran un fuerte aumento desde 2023.

Los grupos armados disidentes de las desmovilizadas FARC están detrás de la mayoría de los casos denunciados.

Más de la mitad se concentran en Cauca, de acuerdo con el informe.

Los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados por la organización, pese a que los pueblos indígenas constituyen alrededor del 4% de la población de Colombia.

Además, más del 30% de los menores identificados tenían entre 10 y 14 años, edad cuyo reclutamiento podría considerarse un crimen de guerra según el derecho internacional. ¿Qué pide Human Rights Watch al gobierno de Abelardo de la Espriella? Human Rights Watch señaló que el gobierno debe adoptar una política integral de seguridad y justicia para poner fin a estas violaciones de derechos humanos.

En particular, la organización pidió que las instituciones encargadas de prevenir y responder al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente a nivel municipal, cuenten con suficientes recursos y personal para desarrollar sus funciones.

El planteamiento está relacionado con las deficiencias que Human Rights Watch encontró en las políticas y estrategias existentes para prevenir el reclutamiento, proteger a los menores, rescatarlos de los grupos armados, apoyar su recuperación y reintegración y llevar a los responsables ante la justicia.

La organización señaló que Colombia cuenta desde 2018 con una Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados.

Sin embargo, Human Rights Watch considera que esta política está desactualizada y que carece de un plan de acción claro y de un presupuesto específico.

También cuestionó la capacidad de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), organismo encargado de coordinar la respuesta del Gobierno.