Ejecutan el desalojo de Maricarmen de 87 años y discapacidad entre cargas policiales

Madrid, 23 sep (EFE).- La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid, después de que activistas intentaran impedirlo y fueran desalojados por la Policía Nacional.

Tras un dispositivo policial que se ha prolongado durante más de siete horas, la anciana octogenaria ha sido desalojada a la una de la tarde y ha salido a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud. 'Maricarmen se queda', 'Esta señora podría ser tu abuela', 'No nos vamos, nos quedamos' o 'Vergüenza me daría ser policía' han sido las consignas proclamadas por los activistas -algunos de ellos acampados desde la noche- que trataban de impedir el alzamiento y el avance policial que, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, eran más de 200 antidisturbios y han empleado gas pimienta, y han expulsado a la prensa.

Los agentes, que según la Delegación del Gobierno actuaban en cumplimiento de las órdenes del juzgado, han conseguido abrir el portal del edificio y han comenzado a sacar a los activistas que se encontraban en el interior, después de haber desalojado a quienes permanecían sentados en la calle frente al acceso al inmueble.

La intervención judicial pone fin a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso —regulado originalmente bajo un contrato de "renta antigua"— fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaban inasumibles para Maricarmen, que, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros.

A las puertas del inmueble, la abogada de la anciana, Beatriz Duro, ha explicado que la propiedad rechazó tajantemente todas las alternativas planteadas para negociar un acuerdo o postergar la fecha de lanzamiento, al menos quince días para poder recoger sus pertenencias.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tender una “alfombra roja” a los fondos especulativos para que “campen a sus anchas” por la región y ha instado a la derecha a sentirse interpelada por la situación.