Tensión por Malvinas: Londres publicó una guía para “proteger” a las empresas de las sanciones del gobierno argentino

El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.

El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “ Hacer negocios con las Islas Malvinas” , afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí.

“Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)” , se afirma en el texto.

Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte.

A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas , y que la situación actual no difiere de ese historial.

La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “ defensa de la soberanía nacional ” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias.

Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.

En paralelo al anuncio legislativo, el gobierno argentino fue más allá de las advertencias y ejecutó medidas concretas.

El 8 de septiembre, la administración Milei inició expedientes de sanción contra 60 personas y empresas por participar en actividades petroleras en las islas que considera ilegales, e interpuso una denuncia penal contra Navitas Petroleum y sus subsidiarias, así como contra la canadiense JHI Associates y su accionista Eco Atlantic Oil & Gas .

El marco legal utilizado es la Ley 26.659 de 2011, ampliada por la Ley 26.915 en 2013 y acelerada en sus plazos por el Decreto 868/2026 , que designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y redujo los tiempos del proceso sancionatorio.

Las penalidades previstas incluyen la inhabilitación para operar en Argentina por entre cinco y veinte años.

Rockhopper Exploration , de hecho, ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, lo que convierte la situación actual en una segunda vuelta de sanciones para la compañía británica.