Instituciones nicaragüenses coordinan detenciones, ocultamiento y bloqueo de recursos judiciales
La represión contra personas opositoras o percibidas como tales en Nicaragua no responde , según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, a actuaciones aisladas de funcionarios individuales .
El informe , presentado hoy bajo el título “Anatomía de la crueldad estatal.
Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, identifica una estructura institucional coordinada que articula detenciones arbitrarias, ocultamiento de personas detenidas y bloqueo de los recursos judiciales destinados a proteger la libertad y la integridad de las víctimas.
La Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el sistema de justicia habrían participado, por acción u omisión , en un mecanismo que permite mantener a personas desaparecidas forzadamente durante días, meses o años.
El Grupo afirma tener “ motivos razonables para creer ” que esta coordinación opera dentro de una cadena de mando que llega a los niveles más altos del Gobierno.
“ Las desapariciones forzadas no son el resultado de conductas aisladas de funcionarios individuales ”, señala el documento.
Por el contrario, fueron “facilitadas y prolongadas mediante acciones y omisiones coordinadas” de diversas instituciones estatales.
El mecanismo inicia con la identificación y captura de la víctima.
El informe documenta detenciones sin orden judicial, realizadas en viviendas, negocios, iglesias, espacios públicos y puestos fronterizos .
Con frecuencia, los agentes no explican las razones del arresto, no muestran documentos de autoridad y no informan el centro de detención al que trasladarán a la persona.
En la siguiente etapa, familiares y abogados buscan información en delegaciones policiales, cárceles y oficinas estatales .
Allí, funcionarios niegan que la persona esté bajo custodia, afirman que no hay registros de detención o remiten a los familiares a otras instituciones .
De esa manera, el Estado impide verificar si la víctima continúa con vida, dónde está recluida o si recibe atención médica.
El Grupo de Expertos identificó responsabilidades específicas en centros bajo control policial y penitenciario .
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