Secretario de Energía advierte que las reglas actuales alejarán interesados en la distribución eléctrica en Panamá

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, advirtió que las reglas vigentes reducen el interés de nuevos competidores en las concesiones de distribución eléctrica porque permiten que el operador actual conserve el control si iguala la mayor oferta.

Esa condición es uno de los principales aspectos que el Gobierno busca modificar antes de octubre de 2028 .

En esa fecha vencen las concesiones de Elektra Noreste (ENSA), EDEMET y EDECHI , empresas responsables de distribuir electricidad en distintas zonas del país.

Antes de concluir los contratos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá convocar un proceso competitivo para vender el paquete mayoritario , correspondiente al menos al 51% de sus acciones.

Rodríguez recordó que, cuando este procedimiento fue realizado entre 2012 y 2013, otras compañías no mostraron interés en participar porque conocían la ventaja que mantenían los concesionarios existentes.

Bajo el modelo vigente, explicó, el titular puede conservar las acciones si presenta una oferta igual o superior a la mejor propuesta recibida durante el acto competitivo de concurrencia .

El proyecto de ley 705, presentado por el Ejecutivo, incorpora una precalificación obligatoria para todos los interesados , incluidos los operadores actuales.

Los aspirantes deberán acreditar experiencia y capacidad técnica, financiera y operativa, además de demostrar su cumplimiento en otras concesiones.

Solamente quienes superen esa evaluación podrán presentar ofertas por los nuevos contratos de quince años .

La propuesta también introduce un mecanismo para contener valoraciones excesivas.

Si el concesionario actual coloca un precio elevado para conservar sus acciones, deberá pagar al Tesoro Nacional el diferencial establecido frente al valor justo de mercado o respecto de la segunda mejor oferta, según las condiciones contempladas en el procedimiento presentado por el Gobierno .

Rodríguez explicó que esa obligación funcionaría como un control económico para evitar que el titular coloque una valoración artificialmente elevada y desaliente a otros interesados.

Si una empresa distinta presenta la mejor oferta, recibirá el paquete mayoritario; mientras que el Estado mantendrá su participación accionaria dentro de las compañías encargadas de la distribución .

La iniciativa también amplía l as causas para terminar anticipadamente una concesión.