Keiko Fujimori pide facultades legislativas: cambios clave en seguridad ciudadana, control migratorio, reforma penitenciaria, entre otros

El gobierno de Keiko Fujimori ingresó al Congreso de la República el pedido de delegación de facultades legislativas .

De aprobarse su solicitud, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de legislar por 120 días calendario en áreas consideradas prioritarias.

La solicitud contempla ocho bloques temáticos y busca atender desafíos nacionales en seguridad ciudadana, reforma del sistema penitenciario, orden interno, control migratorio, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, modernización del Estado y otros temas.

La Presidencia del Consejo de Ministerios ( PCM ) remarcó la urgencia de aprobar este pedido para fortalecer la gestión pública y responder a las principales prioridades del país.

Seguridad, penalidad, orden interno y control migratorio El bloque más extenso del pedido concentra cambios en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria .

El texto aprobado por la PCM expone que el Congreso delegue facultades para legislar en estas materias , entre ellas: Migración y nacionalidad : El Ejecutivo podrá legislar sobre el régimen de control y regularidad migratoria, así como nacionalización, “con la finalidad de promover una migración ordenada, segura y regular”.

Delincuencia y crimen organizado : Se propone “legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos, a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como en lo concerniente al tratamiento penitenciario y asistencia post penitenciaria”.

Reforma del sistema penitenciario : El Gobierno busca “reformar el sistema nacional penitenciario, con la finalidad de fortalecer la seguridad y la reinserción social”.

Esto incluye regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, siempre conforme al marco constitucional.

Reformas penales : El Ejecutivo podrá modificar el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para endurecer la persecución de delitos violentos y de criminalidad organizada.

Se prevé la creación de un marco legal que declare a las organizaciones criminales como terroristas y disponga su clasificación y registro.

Legítima defensa : Se establece que quien ejerza el derecho fundamental a la legítima defensa “goza de una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de su respuesta a la agresión, por lo que la destrucción de la misma requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad”.