La Federación Española de Municipios ‘cobija’ como director de servicios jurídicos con un sueldo de 81.000 euros a un procesado por malversación

Con la actualidad centrada en el adelanto electoral , el grave problema de la vivienda, la crisis migratoria de Ceuta y otros casos de corrupción que copan los titulares (véase ‘ caso Leire Díez ’), la Audiencia Nacional juzga estos días una de las piezas del ‘Caso Lezo’, las supuestas irregularidades en la compra que en el año 2001 hizo el Canal de Isabel II (la mayor empresa pública de Madrid) cuando quiso expandirse en Suramérica.

El Canal, bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, compro la sociedad colombiana Inassa con un sobreprecio millonario.

Una veintena de personas se sientan en el banquillo de los acusados, los más importantes dos ex consejeros de Gallardón: Pedro Calvo Poch y Juan Bravo .

El ex presidente madrileño solo ha declarado como testigo.

Pero entre las caras menos conocidas está la de Franscisco Díaz Latorre , actual director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la asociación de entidades locales más importante de España.

En esencia, es el organismo que agrupa y representa a los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares ante el Gobierno central y otras instituciones.

Actualmente la presidenta es María José García-Pelayo , alcaldesa popular de Jerez de la Frontera.

Llama la atención que le FEMP, que tiene cuatro direcciones generales, “siga manteniendo en un cargo tan importante, como el de los servicios jurídicos, a un procesado por corrupción, concretamente por malversación”, coinciden tres fuentes distintas de la FEMP, que distribuye sus órganos de Gobierno entre un Pleno, un Consejo Territorial y una Junta de Gobierno.

Un portavoz de la FEMP reconoce que la entidad “ conoce esta situación ” porque lo comunicó el propio Díaz Latorre, pero que “nada tiene que ver este proceso judicial con su desempeño actual en la Federación.

Somos respetuosos en este sentido”.

En cuanto a su retribución actual, el mismo portavoz asegura que no están obligados a comunicarlo porque “somos una especie de organismo semi-púbico”.

En su portal de transparencia, no obstante, la FEMP revela que en 2024 gastó 7,2 millones de salarios.

El salario de un director general, según datos de 2022, es de 80.890,62 euros brutos anuales .

Desde diciembre de 2023 tambiés es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos a petición de la FEMP.