El chavismo acumula ocho decretos de emergencia para manejar la economía sin controles ni rendición de cuentas

Aunque la Constitución venezolana establece un plazo máximo de 120 días, el régimen chavista se las ha arreglado para extender por más de año y medio un decreto de estado de emergencia económica que le permite manejar sin ningún control las finanzas públicas.

El artículo 338 de la Carta Magna bolivariana establece: “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación.

Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual ”.

Sin embargo, desde abril de 2025, el gobierno chavista ha emitido ocho decretos para fijar y extender las medidas excepcionales.

La práctica comenzó con Nicolás Maduro y ha continuado con su sucesora, Delcy Rodríguez , quien ha seguido corriendo la arruga a pesar de que -según sus palabras- el país atraviesa un “nuevo momento político”.

La economía venezolana ha perdido dos tercios de su tamaño en la última década, periodo marcado por la hiperinflación y la pulverización del bolívar .

Congelado desde marzo de 2022, el salario mínimo equivale hoy a menos de 30 centavos de dólar.

“Lo que está en juego no es únicamente la duración de la emergencia económica, sino la utilización de un mecanismo excepcional para concentrar recursos, desplazar controles institucionales y ampliar de forma permanente las facultades del Ejecutivo ”, advirtió en un informe la ONG Acceso a la Justicia.

Control total La asociación civil observa que “es particularmente amplia la facultad de dictar normas que autoricen, excepcionalmente y sin sometimiento a otro poder público, operaciones de crédito público , así como sus reprogramaciones y complementos, aunque no estén previstas en la Ley Especial de Endeudamiento”.

“Más que establecer medidas concretas destinadas a solucionar las causas estructurales de la crisis económica y de las finanzas nacionales, los decretos crean un marco extraordinario que amplía la capacidad del Ejecutivo para decidir sobre los recursos del Estado ”, alerta.

Acceso a la Justicia subraya que los decretos de emergencia debilitan los controles que deben ejercer el resto de los poderes públicos sobre la Presidencia, llegando a intervenir en competencias que son propias de los estados y municipios.

“De esta manera, la emergencia económica produce una doble concentración de poder: horizontalmente, al ampliar las facultades del Ejecutivo en detrimento de las competencias legislativas y debilitar el control que debería ejercer la justicia constitucional; y territorialmente, al trasladar recursos y capacidad de decisión desde estados y municipios hacia el poder central ”, apunta.