El FBI suma pruebas del fraude de USD 12 millones contra personas sin hogar en Los Ángeles: autos restaurados, una discoteca y vacaciones en Tahití

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, antes del amanecer, agentes federales rodearon varias casas del área metropolitana de Los Ángeles .

No buscaban traficantes ni líderes de bandas.

Buscaban a directivos de organizaciones benéficas .

A las puertas de una de esas casas, una mujer salió con los brazos en alto.

En otra dirección de la ciudad, un hombre no abrió la puerta.

Lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ ) expuso esa mañana fue un problema que va más allá de los acusados : durante años, al menos USD 12 millones destinados a las personas más vulnerables de California fluyeron hacia cuentas privadas sin que nadie lo detuviera.

Los Ángeles tiene la segunda mayor población de personas sin hogar del país —más de 45.000 según el recuento de 2024— y destina cientos de millones anuales a combatirlo.

Una parte de ese dinero, según informó Fox News , nunca llegó a quienes debía .

Fondos millonarios, auditorías escasas La ciudad y el condado canalizan esos fondos a través de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles ( LAHSA ), un organismo conjunto creado en 1993 para coordinar los programas de vivienda y asistencia social .

Gran parte de esos fondos —provenientes de fuentes municipales, estatales y federales— llega a manos de organizaciones sin fines de lucro que, bajo contrato, proveen vivienda transitoria , servicios sociales y asistencia a personas en situación de calle.

El sistema, descentralizado y con controles débiles, creó lo que los fiscales describieron como un entorno propicio para el fraude sostenido.

En la conferencia de prensa del 16 de septiembre, el fiscal federal interino Bill Essayli sostuvo que “la escala y la desfachatez de estos defraudadores exponen un fracaso profundo del Estado de California y el Condado de Los Ángeles en la protección de los fondos públicos”, según recogió Los Angeles Times .

Los tres casos anunciados ese día son independientes entre sí , pero comparten el mismo patrón : organizaciones que facturaban servicios que no prestaban, beneficiarios que nunca existieron y fondos públicos reorientados al enriquecimiento personal de sus directivos.

Home At Last facturó 118 millones al Estado y usó el dinero para negocios propios, según la fiscalía Michael Young , 46 años, fundó Home At Last , con sede en Culver City , según documentos del DOJ.