La Comisión Plurinacional por el Agua rechaza la iniciativa 6816 de Ley de Aguas y solicita audiencia al Congreso

La Comisión Plurinacional por el Agua rechazó este 26 de agosto de 2026 la iniciativa 6816 de Ley de Aguas para Guatemala y pidió al Congreso una audiencia para exponer su oposición, en un momento atravesado por la salida de Patricia Orantes Thomas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la funcionaria que impulsó el proceso de consulta del que surgió el proyecto y que dejará el cargo el 1 de septiembre para volver al Legislativo.

La organización, que reúne a más de 30 asambleas territoriales y dice llevar cinco años presentando propuestas y denuncias sobre la gestión del agua en el país, sostiene que la iniciativa permitiría otorgar derechos de aprovechamiento especial para uso comercial por hasta 25 años , con posibilidad de transferirlos a terceros y prorrogarlos.

Según el pronunciamiento, ese esquema beneficiaría a mineras, agroindustrias, hidroeléctricas, embotelladoras y maquilas.

La comisión afirmó que el proyecto fue elaborado en un proceso presentado como participativo, pero orientado en los hechos a intereses del sector privado.

También señaló que los espacios de diálogo “no fueron del todo transparentes” y que las propuestas de comunidades y autoridades ancestrales quedaron fuera del texto de la iniciativa.

La comisión denuncia que la ley reconocerá usos cuestionados del agua y reducirá sanciones Uno de los núcleos de la crítica apunta a los artículos transitorios 204 y 205.

La CPA advirtió que ese procedimiento administrativo reconocería como legítimos los usos actuales del agua, incluso aquellos que las organizaciones consideran resultado de acaparamiento o contaminación.

La entidad también cuestionó que las sanciones por delitos como la contaminación prescriban a los cinco años , de acuerdo con el artículo 191.

En su diagnóstico, la iniciativa no corrige abusos previos, sino que les da cobertura legal.

“La iniciativa de ley facilita el saqueo corporativo y legaliza el despojo”, sostuvo el documento.

La frase sintetiza el rechazo de la organización a un proyecto que, según su lectura, consolida ventajas para grandes usuarios comerciales del recurso.

La comisión objetó además la estructura de la futura Superintendencia del Agua , el ente rector que crearía la norma.

Indicó que su directorio estaría integrado por cuatro personas designadas por ministros en funciones, sin representación de autoridades indígenas ni de organizaciones territoriales.

Aunque la iniciativa menciona a los pueblos Maya , Garífuna y Xinka , la participación prevista para ellos quedaría limitada a cinco espacios en un consejo consultivo cuyas recomendaciones “no serán vinculantes”, según el artículo 153.