Tras el fallo de la Corte Suprema, la Justicia cerró el reclamo de Pichetto y Massot por la Ley de Tierras

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira , declaró inoficioso el tratamiento de la medida cautelar autónoma que presentaron los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás María Massot por la Ley de Tierras.

La resolución judicial se conoció luego de que el Poder Ejecutivo presentara su informe de defensa y de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera el artículo 154 del DNU 70/2023 .

Precisamente, la presentación de los legisladores buscaba frenar de manera urgente la aplicación del artículo 154.

Dicho apartado derogó la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limitaba la adquisición de parcelas rurales y de lotes con cuerpos de agua por parte de personas y empresas extranjeras.

En respuesta al requerimiento judicial, el Ministerio de Justicia de la Nación solicitó el rechazo definitivo de la cautelar.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques argumentó que los peticionantes no demostraron un perjuicio concreto, personal y directo que habilitara la existencia de un “caso” judicial.

Según el escrito, al que accedió Infobae , Pichetto y Massot invocaron su condición de ciudadanos –y no de diputados– para impugnar la constitucionalidad de una norma general.

El Gobierno señaló que, sin embargo, un día antes de la demanda firmaron el pedido de una sesión especial en la Cámara Baja para tratar el mismo decreto.

Para el Poder Ejecutivo, admitir esta vía judicial implicaría convertir a los tribunales en una instancia de alzada de las discusiones políticas que deben resolverse en el Congreso de la Nación.

En cuanto al fondo de la medida, el informe oficial defendió la plena constitucionalidad del DNU 70/2023 .

Sostuvo que el presidente de la Nación dictó la norma en un contexto de severa crisis económica y social, caracterizado por altos índices de pobreza, estancamiento del empleo formal y riesgo de hiperinflación.

El Estado Nacional afirmó que la desregulación del mercado inmobiliario rural es una decisión de política macroeconómica que busca atraer inversiones productivas y generar empleo.

“El interés en vilo es el crecimiento económico de la Nación, así como la generación de nuevos y mejores empleos ante un contexto de pobreza y de desempleo sin precedentes”, se defendió el Gobierno.

Además, el texto del Ministerio de Justicia descartó cualquier tipo de daño ambiental o afectación a la soberanía sobre los recursos hídricos.