Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional

Colombia estaría encaminada a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) y a denunciar el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual el país reconoció la jurisdicción de este tribunal internacional.

La información fue revelada este martes 18 de agosto por Caracol Radio , que señaló que fuentes consultadas en La Haya dan por segura la salida de Colombia.

Sin embargo, por ahora se trata de una versión extraoficial.

No se conoce una comunicación pública de la Presidencia de la República ni de la Cancillería que confirme que el Gobierno haya iniciado formalmente el procedimiento para retirar al país del tratado.

La eventual decisión tendría además un proceso que impediría que Colombia deje de estar vinculada a la Corte de manera inmediata.

El Estatuto de Roma establece que un Estado puede denunciar el tratado mediante una notificación escrita dirigida al secretario general de Naciones Unidas y que el retiro entra en vigor un año después de recibida esa notificación.

Esto significa que, incluso si el Gobierno de Abelardo De la Espriella formalizara próximamente su intención de abandonar el Estatuto de Roma , existiría un periodo de transición durante el cual Colombia continuaría vinculada al sistema de la CPI.

La Corte todavía podría actuar durante el periodo de transición Uno de los principales interrogantes está precisamente en lo que ocurriría durante ese año.

Según una fuente diplomática citada por Caracol Radio , mientras el retiro surte efecto, la Corte Penal Internacional todavía podría abrir una investigación sobre Colombia.

Además, la denuncia del tratado no eliminaría automáticamente las obligaciones adquiridas por Colombia durante el tiempo en que fue Estado Parte.

Tampoco significaría que la Corte pierda automáticamente toda competencia sobre hechos ocurridos mientras el país estuvo sometido al Estatuto de Roma.

Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma desde 2002.

El Congreso aprobó el tratado mediante la Ley 742 de ese año y la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad .

Previamente, el país había modificado la Constitución para reconocer expresamente la jurisdicción de la CPI en los términos establecidos por el Estatuto. ¿Qué pasaría con la JEP? Uno de los puntos que genera mayor preocupación está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los procesos que adelanta por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.