Jueces frenan medidas del Gobierno de Abelardo de la Espriella: bombardeos, fumigación y videos oficiales

El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta varios procesos judiciales relacionados con medidas de seguridad y política antidrogas adoptadas durante sus primeras semanas en la Presidencia.

De acuerdo con El Tiempo , entre los asuntos que han llegado a los juzgados están los bombardeos contra estructuras armadas, el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio y la difusión de videos oficiales en redes sociales.

La sucesión de decisiones judiciales comenzó después de varias operaciones militares en las que murieron menores de edad.

A partir de esos hechos se presentaron tutelas ante diferentes despachos del país, mientras que otras acciones judiciales cuestionaron iniciativas del Ejecutivo relacionadas con la lucha contra los cultivos ilícitos y el manejo de contenidos publicados por la Presidencia.

Las decisiones judiciales sobre los bombardeos Uno de los principales procesos surgió después de tres operaciones militares realizadas en Catatumbo y Guaviare.

El 10 de agosto, un bombardeo contra el Eln en el Catatumbo dejó a un adolescente muerto, según Medicina Legal.

Luego, el 27 de agosto, la operación Amón, dirigida contra alias Calarcá en Guaviare, dejó tres menores fallecidos.

Tres días después, otro ataque en la misma región contra una disidencia de ‘Iván Mordisco’ dejó otros dos menores muertos.

De acuerdo con el diario, el abogado Ower Jimmy Borda Parra llevó uno de estos casos ante un juzgado de familia de Bogotá.

Inicialmente, el despacho ordenó suspender cualquier bombardeo en zonas donde pudiera existir presencia de niños reclutados.

La decisión fue objeto de un pulso jurídico con el Ejecutivo, que intentó revertir la medida.

Finalmente, el 16 de septiembre, el despacho levantó la suspensión, pero estableció cinco condiciones para las operaciones militares.

Entre los criterios fijados está la obligación de que la sola presencia de un menor en un campamento o su vinculación material con este no conduzca automáticamente a considerarlo un objetivo legítimo.

“ Sí se ordenará que la sola presencia en un campamento o la mera vinculación material con aquella no conduzca automáticamente a presumir que un menor de edad puede ser objeto legítimo de ataque, su situación deberá ser valorada conforme al DIH.