Quebró una importante algodonera vinculada a Vicentin: debe más de USD 260 millones y peligran 350 empleos

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda , una importante empresa textil vinculada a la familia Vicentin , que acumula una deuda superior a los USD 260 millones con el Banco Nación y emplea a alrededor de 350 trabajadores.

La decisión llegó después de que fracasaran las negociaciones para reestructurar sus obligaciones y de que ningún interesado se presentara en el proceso de salvataje abierto para intentar evitar la liquidación de la compañía.

La resolución judicial abrió una nueva etapa para la firma, cuya principal planta industrial se encuentra en Reconquista, Santa Fe, y que también cuenta con dos establecimientos dedicados al desmote de algodón en Chaco y Santiago del Estero.

Pese a la declaración de quiebra, la Justicia no dispuso el cierre inmediato de las instalaciones y analiza la posibilidad de que continúen funcionando de manera transitoria, mientras se busca una alternativa para vender la empresa o sus unidades productivas.

La medida fue adoptada por el juez Fabián Lorenzini , luego de que la compañía agotara las instancias previstas para alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

Algodonera Avellaneda se encontraba en concurso preventivo desde 2024 y, durante ese período, intentó obtener las mayorías necesarias para aprobar una propuesta de reestructuración de sus deudas.

Sin embargo, el Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo verificado de la compañía, rechazó las propuestas de pago por considerarlas insuficientes.

La entidad financiera reclama créditos por USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89, según los montos consignados en el expediente judicial.

Una parte central de esos compromisos se originó en garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin, la agroexportadora vinculada a integrantes de la misma familia.

Por qué quebró Algodonera Avellaneda El proceso judicial atravesó distintas etapas antes de llegar a la declaración de quiebra.

Durante el concurso preventivo, la empresa buscó negociar con sus acreedores para obtener las conformidades necesarias que permitieran homologar un acuerdo y evitar la liquidación de sus activos.

El juez Lorenzini concedió sucesivas oportunidades para que la compañía avanzara en esas negociaciones.

En diciembre de 2025 otorgó una extensión del período de exclusividad y, en febrero de 2026, volvió a ampliar los plazos, aunque por un período menor al solicitado por la firma.

En julio se habilitó otra instancia extraordinaria para intentar reunir las mayorías exigidas por la legislación concursal.