Francia y Alemania acordaron flexibilizar las normas climáticas para la industria automotriz europea

Francia y Alemania alcanzaron un acuerdo para redefinir el futuro de la industria automotriz europea, suavizar las exigencias climáticas previstas para 2035 y reforzar las condiciones de producción dentro de Europa.

El pacto, pendiente de la aprobación final de Berlín, acercó posiciones entre las dos mayores economías de la Unión Europea después de meses de desacuerdos sobre la regulación de los vehículos de combustión y los requisitos para acceder a incentivos públicos.

El entendimiento busca destrabar una negociación que condicionó tanto la política industrial como las normas ambientales del bloque.

El acuerdo mantiene el objetivo de que los fabricantes redujeran en un 90% las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos nuevos a partir de 2035.

Sin embargo, eliminó la obligación de compensar el 10% restante mediante combustibles neutros para el clima, acero de bajas emisiones u otros mecanismos de crédito.

Los fabricantes podrán seguir comercializando vehículos con motores de gasolina o diésel después de 2035 si las emisiones de su flota se mantuvieron dentro de los límites establecidos.

El texto también permite que los automóviles propulsados exclusivamente por combustibles renovables fueran considerados de cero emisiones, siempre que sus características técnicas impidieran el uso de combustibles fósiles.

El entendimiento incluye mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de los objetivos de dióxido de carbono.

Las empresas podrán compensar eventuales excesos de emisiones registrados en 2030 con reducciones obtenidas en 2031.

Además, podrán acumular créditos de carbono desde 2029.

Los vehículos híbridos enchufables también recibieron un tratamiento más favorable en el cálculo de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de la propuesta inicial de Bruselas.

Alemania defendió durante la negociación una flexibilización de las reglas climáticas y una definición más amplia de los vehículos fabricados en Europa.

Francia, en cambio, exigió que los fondos públicos y los contratos estatales favorecieran de forma prioritaria a la producción instalada dentro del bloque.

Las nuevas condiciones establecieron que una proporción creciente de las baterías y de los componentes esenciales de los vehículos deberá producirse en territorio europeo.