El gran reto de Óscar Fernández, nuevo presidente del IPD: destrabar el básquet peruano y regresarlo al plano internacional

El inicio de la gestión de Óscar Fernández al frente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) llega acompañado de una agenda cargada de urgencias institucionales, pero pocas tan complejas y postergadas como la situación del básquetbol nacional .

Recién juramentado en el cargo, el flamante mandamás del deporte peruano enfrenta como uno de sus primeros y grandes retos resolver el laberinto dirigencial, jurídico y reglamentario que mantiene a esta disciplina sumida en el aislamiento internacional más severo de su historia moderna.

La disciplina se encuentra formalmente desafiliada de la Federación Internacional de Basketball (FIBA) desde junio de 2021 , fecha en la que el Congreso del ente rector mundial aplicó el artículo 10.6 de sus estatutos para decretar su expulsión definitiva.

Aquella sanción culminó un largo proceso punitivo iniciado a finales de 2018 con una suspensión preventiva que privó al Perú de competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sin embargo, pese al desconocimiento absoluto del circuito internacional, la directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) aún figura inscrita en el Registro Nacional del Deporte (RENADE), generando un nudo legal que la nueva administración del IPD se ha propuesto desatar.

Una década de pugnas y sanciones internacionales El problema que hereda la actual presidencia del IPD no es un episodio aislado, sino el resultado de casi dos décadas de disputas por el control de la federación .

Desde los históricos litigios por la administración de infraestructura como el Coliseo Eduardo Dibós hasta las elecciones desconocidas por las bases, la institucionalidad del baloncesto peruano fue deteriorándose de manera progresiva.

El punto crítico se profundizó bajo la gestión de directivos como Víctor Lainez , periodo en el que se ventilaron investigaciones y cuestionamientos judiciales por presunto desbalance patrimonial y malos manejos financieros.

La imposibilidad de celebrar elecciones transparentes y reconocidas formalmente por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el IPD derivó en un vacío de legitimidad que la FIBA sancionó primero con la suspensión temporal de 2018 y, ante el vencimiento de los plazos de regularización, con la desafiliación total en 2021.

La traba jurídica del RENADE y el diagnóstico de Fernández En sus primeras intervenciones públicas como máxima autoridad del IPD, Fernández abordó frontalmente el estatus de la federación y adelantó que su administración no actuará de forma improvisada , sino a partir de una evaluación jurídica rigurosa que determine los pasos a seguir respecto a la vigencia del registro.

“Yo voy a hacer el informe jurídico real que me diga por qué sigue y por qué no se le puede sacar, o en todo caso ver cuál es la solución.