Vialidad 2: un ex funcionario negó haber analizado las licitaciones que se otorgaron a las empresas de Lázaro Báez

El ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control de la Dirección Nacional de Vialidad Fernando Abrate declaró en indagatoria en la causa Vialidad 2 que no analizó los pliegos, ni los precios ni el trámite de licitaciones viales de Santa Cruz.

Precisó que su tarea era la homologación de los contratos “porque todo lo actuado por la provincia necesitaba una resolución del administrador”.

Abrate llegó a este juicio como uno de los presuntos responsables de intervenir en al menos 13 expedientes de licitación .

Según la imputación, habría evitado realizar el seguimiento de los convenios, lo que favoreció a las empresas de Lázaro Báez en perjuicio del Estado Nacional , que debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados para hacer frente a sus incumplimientos.

Durante el interrogatorio del fiscal Diego Luciani , respondió que la Resolución 1.005/2004 , relacionada con la metodología de verificación que debía aplicarse en los convenios entre Nación y provincias, se aplicó en Santa Cruz con la intervención del área jurídica en todas las resoluciones que se hacían.

La fiscalía objetó que esa explicación no era suficiente y concentró las preguntas en los documentos donde aparecían las firmas de Abrate, dentro de los procedimientos de homologación.

El acusado reconoció que las actuaciones pasaron por su oficina, aunque insistió en que no implicaban una evaluación del proceso licitatorio.

Declaración indagatoria suspendida El exfuncionario de Vialidad Nacional sostuvo que su participación era “totalmente administrativa”, se limitaba a registrar información presupuestaria y administrativa antes de que el administrador del organismo firmara las resoluciones.

Luciani orientó las preguntas sobre la intervención de Abrate dentro del circuito que terminaba con la homologación de lo actuado por la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) .

El imputado explicó que Santa Cruz realizaba la licitación, evaluaba las ofertas y elevaba una propuesta a la Dirección Nacional de Vialidad.

Según su descripción, su gerencia verificaba que la obra tuviera presupuesto y que fuera consistente con los convenios vigentes.

Luego, el expediente continuaba hacia Administración, Jurídicos y, finalmente, el administrador del organismo.

En ese sentido, Abrate aclaró que “cuando nosotros íbamos a hacer los convenios, analizábamos el presupuesto.

Una vez que analizamos el presupuesto, todo el resto de la obra lo tenían que analizar las cuatro áreas”.