Las vías de los afectados por la ley de nietos para recuperar su derecho a voto el 29-N

Rafael Martínez Madrid, 14 oct EFE.- La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos afecta a 163.020 personas, que ahora disponen de tres vías para recuperar su derecho al sufragio con el calendario electoral, la burocracia y los gastos como principales obstáculos.

En este grupo figuran los nacionalizados por la ley de nietos ya inscritos en el Censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA) que accedieron a la nacionalidad bien a través de la disposición que recogía la Ley de Memoria Democrática o de la instrucción posterior de Justicia, que es la actuación que cuestionan los magistrados.

Fuera quedan ya las 96.895 solicitudes de nacionalidad aprobadas y pendientes de inscripción en el CERA, que no pueden votar porque el censo se cerró el pasado 1 de agosto, más las 304.272 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución.

Conforme a la Loreg (Ley Orgániza del Régimen Electoral General), el censo para el 29-N se publicó este lunes 12 de octubre, si bien existe un plazo para reclamaciones que finaliza el día 23, fecha a partir de la cual el censo es inamovible.

En una lucha contrarreloj por los plazos tasados que fija el calendario electoral, las dificultades administrativas a las que se enfrentan los consulados e, incluso, el gasto que supone recurrir ante los tribunales, los afectados disponen de tres vías para pelear por recuperar su derecho al voto de cara al 29-N, que ahora está suspendido.

El Supremo en sus autos establece que "no regirá la suspensión" cuando los encargados de los consulados "expidan, bajo su responsabilidad, certificación acreditativa de que, a fecha 1 de agosto de 2026", esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", como fija la norma y no la instrucción.

Resulta que este escenario ya era complejo hace un mes al dictarse la cautelar, cuando la Abogacía avisó de problemas en los principales consulados por volumen de trabajo y cortes de luz, falta de combustible o efectos de desastres naturales, lo que dificultaba cerrar esas certificaciones antes del 1 de enero de 2027.

Esta advertencia a tres meses vista trasladada ahora a apenas nueve días por el adelanto electoral se antoja casi una quimera, señalan a EFE fuentes jurídicas.

Además, aquí los afectados están en manos de los cónsules, porque los nacionalizados solo pueden limitarse a reclamar esa certificación para recuperar el derecho al voto que el Supremo les reconoce pero, en cambio, no pueden entregar nueva documentación, lo que afecta ante todo a los nacionalizados por la instrucción.