Salario mínimo garantizado: una mala idea

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo, se apresta a impulsar una medida que “cierra el cerco” para las negociaciones salariales en paritarias .

Hasta ahora, las negociaciones enfrentaron —y seguirán enfrentando— un techo porcentual para los ajustes de convenio que, dependiendo de la evolución de la inflación, permite que el convenio sea homologado y, con ello, que el aumento salarial tenga fuerza de ley aplicable a toda la actividad en cuestión.

Esta restricción para los aumentos tiene el objetivo de evitar que, a través de acuerdos de actividad que negocian cúpulas (líderes sindicales y cámaras), se impongan condiciones incumplibles a muchas empresas —normalmente pequeñas y medianas— que enfrentan un contexto competitivo (producción local o importada) y eventualmente menor productividad que las empresas mejor representadas en la negociación.

El tope en convenios tiene sentido en el plano económico, porque cualquier empresa a partir de dicho mínimo convencional puede acordar mejores condiciones salariales y/o de trabajo.

Esto último es precisamente lo que ha venido ocurriendo: a pesar de una economía que avanza anémicamente en los sectores que no son líderes, los salarios efectivos por sector han evolucionado por arriba de los salarios convencionales.

El tope en convenios tiene sentido en el plano económico, porque cualquier empresa a partir de dicho mínimo convencional puede acordar mejores condiciones salariales y/o de trabajo La Secretaría de Trabajo informa, en efecto, que, con base en diciembre de 2024, el promedio salarial de convenio cayó al mes de mayo de 2025 casi 8 puntos en términos reales, mientras que los salarios efectivos cayeron en términos reales 3 puntos.

Es decir, que en 17 meses los salarios medios crecieron 5 puntos por sobre lo establecido en convenios.

La experiencia internacional ¿Debe mantenerse indefinidamente ese mecanismo de techo? Seguramente, a nadie se le ocurriría mantener un techo si los convenios fueran por empresa en una economía abierta y competitiva.

No se establecen techos en la mayoría de los casos de la experiencia internacional comparada.

Pero la mayoría de los salarios se negocian en Argentina —un país de alta inflación — por convenios colectivos de actividad, que abarcan empresas que enfrentan mercados muy diversos de bienes y servicios, con establecimientos con diversidad tecnológica y de tamaño, en distintas regiones y con una carga de historia laboral muy diferente.

La homologación fue hasta 2023 un trámite de aprobación que se descontaba, salvo raras excepciones.

El mecanismo se vuelve —en cambio— un elemento importante en un proceso de transición hacia una economía de baja inflación, abierta, desregulada y competitiva.