36.000 lechones y seis piscinas olímpicas de purines: dos macrogranjas de una misma empresa en Huesca esquivan la autorización ambiental más exigente

Aragón es, de todas las comunidades autónomas de España, la que ostenta el título de líder en cuanto a cabezas de ganado porcino : más de nueve millones.

Además, Huesca encabeza la lista en cuanto a provincias, con casi cinco millones de animales dedicados a esta industria (en concreto, 4,9), por lo que representa el 14,6 % de toda la capacidad porcina de España , según la última Encuesta de Efectivos de Ganado Porcino del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pese a estas cifras, continúan lanzándose con frecuencia proyectos en Huesca , como las dos macrogranjas de lechones que la empresa Desarrollos Ganaderos Aragón S.L.U. pretende construir en Fraga (Huesca) .

Estas dos instalaciones pertenecerían a la misma empresa, se tramitan de forma simultánea y se ubicarían a apenas cuatro kilómetros la una de la otra.

Sin embargo, la organización Stop Ganadería Industrial denuncia que, al registrarse como dos proyectos diferenciados, la empresa ha podido esquivar la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el control ambiental más exigente para explotaciones ganaderas.

Según la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, esta se requiere a partir de las 361 unidades de ganado mayor (UGM), que son 18.050 lechones.

En conjunto, las dos granjas sumarían 720 UGM o 36.000 lechones , pero, por separado, tienen capacidad para 18.000 lechones, lo que equivale a 360 UGM, justamente una unidad por debajo del umbral a partir del que se obliga a tramitar la AAI.

Al presentarse como dos proyectos separados, la organización señala que solamente necesitan una Licencia Ambiental de Actividad Clasificada (LAAC), “un procedimiento que gestiona el Ayuntamiento y que es más rápido y con menos controles que la AAI que tramita el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)”.

“Nos parece una barbaridad que la legislación permita que pasen así, sin más”, señala a Infobae el coportavoz de Stop Ganadería Industrial, Toni Jorge.

“Son huecos legislativos que no entendemos cómo es posible que se produzcan, a no ser, evidentemente, por las presiones de las [empresas] cárnicas”.

Desde la organización denuncian que “esta forma de tramitar supone un fraccionamiento al límite exacto de la normativa para esquivar la evaluación ambiental.

Es un patrón que se repite en numerosos proyectos de Aragón y que permite eludir el análisis ambiental más riguroso y facilitar una posible ampliación en el futuro.

Al final, son 36.000 cerdos más en cuatro kilómetros a la redonda, sin una evaluación rigurosa de sus efectos en el consumo de agua, producción de purines… “.