Caso Ungrd: Corte Suprema de Justicia llamará a juicio a los congresistas de la Comisión de Crédito Público que vendieron su voto por jugosos contratos
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio formal a seis integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República por el presunto delito de cohecho impropio, al considerar que habrían aceptado contratos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de respaldar créditos de la nación ante la banca internacional.
La Sala de Primera Instancia concluyó, en un decisión de 667 páginas que existen elementos suficientes para procesar a Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, todos miembros de la Comisión de Crédito Público , según informó Semana .
La decisión no constituye una declaración de culpabilidad: los congresistas deberán debatir las pruebas en su contra durante el juicio formal.
El auto de la magistrada Paula Andrea Ramírez señala que los investigados “probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actos propios de sus funciones como integrantes de esa Comisión”.
La Comisión era la instancia encargada de avalar los empréstitos que la nación solicitaba ante organismos financieros internacionales.
El supuesto intercambio de votos por contratos La hipótesis judicial sostiene que el entonces Ministerio de Hacienda necesitaba con urgencia la aprobación de esos créditos hacia el cierre de 2023 y habría ofrecido obras de la entidad liderada por Olmedo López como contraprestación por votos favorables .
La investigación menciona al entonces ministro Ricardo Bonilla, al exviceministro Diego Alejandro Guevara y a la exasesora María Alejandra Benavides.
Los presuntos acuerdos se habrían discutido los días 5 y 6 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda.
Conforme a testimonios citados por la revista, Guevara y Benavides encabezaron una primera reunión el día 5, mientras que al día siguiente Bonilla habría asistido a un nuevo encuentro con los congresistas para ratificar los compromisos.
El contrato para Cotorra, Córdoba, superaba los $46.000 millones e, indica el expediente, habría estado dirigido a Bitar, Manzur y Peinado .
La obra de Saravena, Arauca, rondaba los $35.000.000.000 y se habría vinculado con Manrique y Muñoz.
El tercer proyecto correspondía a Carmen de Bolívar, por más de $12.000 millones.
El auto señala que esa obra habría buscado obtener el respaldo de Gallo dentro de la Comisión de Crédito Público.
Las pruebas citadas en la decisión La decisión recoge la colaboración de Benavides, que recibió inmunidad total y manejaba una tabla de “cupos indicativos”, expresión con la que se registraba el inventario de obras asignadas presuntamente a los congresistas.
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