¿Ética o marketing institucional? Los límites del poder

El 13 de octubre, Reuters informó que OpenAI y Anthropic habían buscado controlar las publicaciones de evaluadores externos, invocando la protección de información confidencial.

Ambas defendieron la independencia de las evaluaciones y precisaron que las condiciones variaban según la información y los evaluadores.

El episodio plantea una pregunta: ¿qué garantías permiten proteger los secretos comerciales sin comprometer la publicación de hallazgos relevantes para la seguridad? Esto revela la distancia entre los valores proclamados y los límites efectivamente asumidos.

Ética, transparencia, responsabilidad y dignidad destacan frecuentemente en el discurso institucional.

Sin embargo, la multiplicación de declaraciones morales no garantiza decisiones moralmente justificables.

El lenguaje ético puede convertirse en un recurso reputacional mientras las decisiones continúan subordinadas a la conveniencia, la rentabilidad o el poder.

La cuestión, entonces, no es cuánto se habla de ética, sino cuánto se está dispuesto a hacer comprensibles los criterios que orientan las decisiones, las responsabilidades que generan y los límites que imponen.

Una institución no demuestra compromiso ético por publicar un código de conducta.

Lo demuestra cuando impide una operación lucrativa pero injustificable, cuando una autoridad acepta revisar una decisión arbitraria o cuando un procedimiento protege derechos aun a costa de eficiencia.

La generación de imágenes sexualizadas de personas reales sin consentimiento mediante Grok motivó, en enero de 2026, investigaciones de Ofcom y de la Comisión Europea sobre X y sus mecanismos de protección y mitigación de riesgos.

Que una tecnología pueda modificar imágenes personales no significa que deba permitirse cualquier utilización.

Proclamar una innovación responsable no basta, se necesitan prevención, controles verificables, mecanismos de reparación y responsabilidades identificables .

También sucede con los datos genéticos.

El 28 de mayo de 2026, la Fiscalía General de California demandó a Chrome Holding Co., conocida también como 23andMe, por presuntas deficiencias en la protección de información sensible y comunicaciones supuestamente engañosas relacionadas con una filtración de 2023 que afectó a casi siete millones de usuarios.