Una reforma política a paso lento

El Poder Ejecutivo se propone, por segunda vez desde que La Libertad Avanza llegó al Gobierno, modificar las reglas de juego electorales.

Desde este espacio editorial hemos venido reclamando con insistencia la incorporación de la llamada ley de ficha limpia para que se impida acceder a una candidatura electoral a condenados en segunda instancia judicial por delitos contra la administración pública y dolosos.

También, que se regule el financiamiento partidario.

Sin embargo, pareciera hasta el momento que esos temas no lideran las negociaciones que se están llevando a cabo entre oficialismo y oposición, lo cual representa un grueso error de cálculo de quienes en los discursos se jactan de la necesidad de terminar con la impunidad y de transparentar los procesos electorales, pero en los hechos siguen manteniendo un inaceptable statu quo .

La indispensable sanción definitiva de la ficha limpia no debería quedar condicionada a la aprobación de otras cuestiones en materia electoral sobre las cuales no existe suficiente consenso entre las fuerzas, tales como el futuro de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), que el gobierno de Javier Milei aspira a derogar.

Hemos insistido también en la necesidad de que cambios como este último se produzcan en años no electorales -como el que transcurre- y que comiencen a regir pasada la elección inmediata, de modo de no contaminar el debate con las urgencias político-partidarias .

Ni el Congreso ni el Gobierno han sido pensados para oficiar como guaridas que garantizan fueros o protección política a delincuentes.

Lamentablemente, es lo que se advierte en muchísimos casos que la ciudadanía hoy reconoce muy bien y deplora.

Tampoco resulta admisible la “ contabilidad creativa ” que ejercen no pocas fuerzas políticas a la hora de rendir cuentas sobre su financiamiento.

Las reglas deben ser claras y las sanciones, ejemplares.

Han transcurrido ya demasiados meses desde la presentación del proyecto de reforma electoral en abril pasado y la discusión parece subsumirse hoy a cuál será la suerte de las PASO, comicios costosísimos para el erario público , cuya misión inicial se ha desvirtuado hasta convertirse en una encuesta preelectoral que, hecha con tanta anticipación a las elecciones generales, puede dar lugar, incluso, a la posibilidad de que un resultado favorable a un candidato opositor deje a un presidente en ejercicio en una prematura situación de vulnerabilidad, como sucedió en 2019.

Es sabida la intención del Gobierno de derogar las PASO.

Hoy no cuenta con los votos suficientes.

Deberá negociar con quienes quieren suspenderlas o mantenerlas, pero quitándoles la obligatoriedad de la concurrencia a las urnas.