Proyectaron la casa soñada, pero la obra terminó con graves fallas estructurales: ratificaron una condena de $70 millones

La construcción de una vivienda familiar en La Plata culminó con graves fallas estructurales que pusieron en riesgo la estabilidad del inmueble, según determinó un peritaje incorporado al expediente.

La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó la condena de 70 millones de pesos contra el profesional responsable de la obra, luego de que los informes técnicos advirtieran deficiencias en vigas, columnas y losas , y señalaran que, sin estudios complementarios, no podía garantizarse el correcto desempeño futuro de la estructura.

Según consta en la resolución judicial, la demanda fue presentada por una pareja —actualmente él de 55 años y ella de 50— que buscaba la reparación de los perjuicios ocasionados por el mal desempeño de los encargados de la obra.

El contrato suscripto tenía por objeto levantar una casa destinada a ser el hogar familiar, pero el proyecto quedó marcado por retrasos, defectos estructurales y una ejecución que, de acuerdo con las pericias, no cumplió los estándares mínimos de seguridad .

El fallo de primera instancia desestimó las defensas de los demandados, quienes habían planteado la falta de legitimación tanto de la reclamante, por no haber firmado el contrato, como de la esposa del profesional, por no ser parte formal del acuerdo.

El juez consideró acreditada la intervención de ambas, basándose en pruebas documentales y bancarias que reflejaron la participación económica y la gestión conjunta en la obra.

La resolución inicial ordenó el pago de 70 millones de pesos en concepto de indemnización por daño emergente y daño moral.

El monto fijado se sustentó en informes periciales de arquitectos e ingenieros, quienes describieron una serie de fallas graves.

Entre ellas, se señalaron problemas en la estructura de hormigón armado, columnas mal ejecutadas, deformaciones en vigas, armaduras expuestas y cubiertas incompletas .

Además, se detectaron filtraciones, mampostería deficiente y falta de terminaciones esenciales.

Uno de los aspectos centrales del debate judicial giró en torno a la extensión de la responsabilidad.

Los demandados argumentaron que la reclamante no podía exigir reparación porque no firmó el contrato, y que la esposa del profesional solo recibió transferencias bancarias sin intervenir en la ejecución.

La Cámara rechazó estos planteos, señalando que el daño recaía sobre el patrimonio común del matrimonio contratante, y que la recepción de fondos por parte de la codemandada evidenciaba una unidad de gestión profesional.

En su análisis, el tribunal consideró que el incumplimiento contractual afecta tanto a quien firma como a quienes resultan perjudicados en su proyecto de vida familiar.