Un juez libera a la mujer acusada de vandalizar el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

Un juez federal de Washington ordenó la liberación de una mujer acusada de vandalizar el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial , pese al pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que permaneciera detenida por riesgo de fuga.

La imputada, Melissa L.

Farris , de 41 años, enfrenta dos cargos federales graves por daños a propiedad pública y destrucción de un monumento dedicado a veteranos .

Ambos delitos prevén una pena de hasta 10 años de prisión.

De acuerdo con The New York Times , el juez de paz Matthew J.

Sharbaugh dispuso que Farris permanezca fuera de la capital estadounidense, entregue su pasaporte, se mantenga alejada del memorial y se presente ante funcionarios federales de supervisión previa al juicio en Ohio.

No impuso monitoreo electrónico ni la custodia de un tercero.

La fiscalía cuestiona la decisión del tribunal El Departamento de Justicia pidió revisar la orden de liberación y sostuvo ante el tribunal que Farris representa “ un riesgo de fuga ”.

En su apelación, alegó que la acusada “faltó al respeto y deshonró a los heroicos hombres y mujeres que sirvieron a nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial”.

Al mismo tiempo, los fiscales citaron evidencia de búsquedas de pasajes de autobús y avión el día del hecho, además de un antecedente por no comparecer ante la justicia.

La decisión provocó una reacción inmediata de Jeanine Pirro , fiscal federal interina para el Distrito de Columbia.

“ Si hay alguien que pueda fugarse, sin duda es ella ”, afirmó en un comunicado citado por The Washington Post .

“¿ En qué mundo tiene sentido liberar a un acusado de dos delitos federales que no tiene vínculos con esta comunidad, posee una licencia de conducir de Kentucky, no tiene domicilio fijo, ha estado acampando en Washington durante varias semanas, inmediatamente después del crimen buscó vuelos a Michigan, luego viajó a Virginia y afirma tener amigos en Ohio?”, aseveró la funcionaria.

El lunes, la fiscalía informó que se opondría a la devolución del teléfono celular porque pretende usar su contenido como prueba durante el juicio y pidió al juez que reconsidere su negativa a imponer monitoreo electrónico como condición de la liberación.