Sumar pregunta al Gobierno si vetará un acuerdo de Europol que podría permitir transferir datos sensibles a Israel

El portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha pedido al Gobierno que aclare las informaciones que apuntan a que la Unión Europea (UE) a través de Europol estaría dispuesta a facilitar datos personales y especialmente sensibles de ciudadanos europeos, y quiere saber si España se opondrá en el Consejo de la Unión a que continúen las negociaciones de ese acuerdo mientras no se garantice su compatibilidad con los derechos humanos y el Derecho internacional.

En una batería de preguntas registrada este jueves en el Congreso para su respuesta por escrito, Santiago señala que, según algunas y una investigación de Statewatch, la Comisión Europea estaría negociando con Israel un acuerdo internacional que permitiría a las autoridades israelíes acceder a datos personales gestionados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

Entre la información susceptible de intercambio podrían figurar datos biométricos, origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, información relativa a la salud y otros datos especialmente sensibles.

Según explican, el acuerdo contemplaría excepciones que podrían permitir que información facilitada por Europol fuese utilizada por las autoridades israelíes en Palestina.

En sus escritos, recogidos por Europa Press, el también portavoz parlamentario de IU pregunta expresamente al Ejecutivo si va a oponerse en el Consejo de la Unión Europea a la continuación de las negociaciones mientras no se garantice "de forma inequívoca el pleno respeto de Israel a los derechos humanos del pueblo palestino" y la compatibilidad de sus actuaciones con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional.

OBJECIONES JURÍDICAS El escrito recuerda que la Corte Internacional de Justicia declaró en su Opinión Consultiva de 19 de julio de 2024 que la presencia continuada de Israel en Palestina es ilícita y aludió a las obligaciones de terceros Estados, entre ellas la de no prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación.

Santiago sostiene asimismo que el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión habría advertido de problemas de compatibilidad del proyecto con el Derecho internacional, especialmente por la posibilidad de que los datos transferidos pudieran ser utilizados en los territorios ocupados.

Por ello, quiere saber si el Gobierno ha elaborado algún informe sobre esa posibilidad y, en caso contrario, si tiene previsto realizar uno sobre la legalidad de las cláusulas del posible acuerdo entre la UE e Israel.