El Gobierno prepara cambios en el financiamiento universitario mientras busca los votos para el Presupuesto 2027

El Gobierno prepara la incorporación de cambios a la Ley de Financiamiento Universitario al Presupuesto 2027 y confía en contar con los votos para sancionar el proyecto.

En el Ejecutivo todavía trabajan sobre la fórmula que propondrán para 2027 y la forma de encauzar el remanente del conflicto judicial por la Ley 27.795.

También evalúan sumar modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto , que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre.

La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.

El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso .

En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.

En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente .

El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos.

En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.

Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario .

En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden “resolver”.

El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.

Una clase pública en la UBA en protesta contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario (Foto: Reuters).