El derecho a saber cuánto pagamos de impuestos sigue avanzando demasiado lento

Los argentinos pagan impuestos todos los días, pero en la mayoría de los casos desconocen cuánto representan dentro del precio que abonan.

El Régimen de Transparencia Fiscal nació precisamente para revertir esa situación: que cada consumidor pueda saber qué parte del precio corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El Estado Nacional cumplió con la obligación que le imponía la Ley 27.743.

Sin embargo, a más de dos años de su vigencia, de las 24 jurisdicciones provinciales, apenas cinco adhirieron al régimen y solo cuatro lo reglamentaron para hacerlo operativo .

En el ámbito municipal el panorama es todavía más elocuente: de más de 2000 municipios argentinos, únicamente la ciudad de Salta decidió incorporarlo.

Las provincias adheridas son Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut y Santa Fe.

Sin embargo, solo las cuatro primeras reglamentaron su implementación, mientras que Santa Fe aún mantiene pendiente ese paso indispensable para que el sistema pueda comenzar a aplicarse efectivamente.

La principal novedad es que la ciudad de Salta se convirtió en el primer municipio del país en incorporar el régimen mediante la reforma de su Carta Orgánica.

Se trata de un hecho institucional relevante porque amplía el principio de transparencia también a las tasas municipales.

Un aspecto que merece destacarse es que la escasa adhesión de los municipios no obedece, en muchos casos, a una decisión propia.

La posibilidad de incorporar el Régimen de Transparencia Fiscal depende, en primer lugar, de que la provincia respectiva adhiera a la Ley 27.743.

En tanto ello no ocurra, los municipios carecen de un marco jurídico que les permita avanzar en esa dirección.

Por esa razón, la Ciudad de Salta constituye hoy una excepción, ya que pertenece a una provincia que se encuentra transitando ese proceso.

En cambio, mientras la provincia de Buenos Aires no adhiera al régimen, ninguno de sus 135 municipios podrá implementar la Trasparencia Fiscal respecto de las tasas municipales, privando a millones de contribuyentes, donde vive cerca del 40% de la población argentina, de conocer con precisión la carga tributaria que soportan en sus consumos.