Mujer que robó cigarrillos en una tienda D1 tuvo que pagar una millonada para no ir a la cárcel: este fue el acuerdo que alcanzó

A inicios de septiembre de 2026 se conoció que una mujer de 27 años recuperó la libertad luego de reparar económicamente al supermercado D1 afectado por un hurto ocurrido el 14 de enero en Manizales.

Los detalles del caso concluyeron que el procedimiento que permitió extinguir la acción penal en su contra se logró bajo las disposiciones de la Ley 2477 de 2025.

Por tal motivo, la procesada pagó $12 millones 250 mil, suma que incluyó el valor de los bienes sustraídos y $500 mil por perjuicios.

El caso tuvo lugar en un establecimiento de la cadena ubicado en la carrera 23 con calle 46 de la capital de Caldas.

La mujer, oriunda de Bogotá, era investigada como presunta coautora del robo, en el que fueron sustraídos $7 millones 850 mil en efectivo y 300 unidades de cigarrillos.

El avalúo de lo hurtado ascendió a $11 millones 750 mil.

La empresa confirmó que recibió esa cifra, más los $500 mil acordados como compensación adicional, señaló un informe del diario La Patria de Manizales.

Tras acreditarse el pago, una jueza avaló el beneficio y ordenó la libertad de la procesada, que hasta ese momento permanecía bajo detención domiciliaria.

La decisión se produjo después de que, según el caso conocido, la mujer intentara llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para obtener una sentencia anticipada.

Sin embargo, el posterior acuerdo de reparación integral resultó más favorable para su situación judicial.

Para que la reparación integral pueda producir efectos penales, la ley establece que debe existir un avalúo de los perjuicios realizado por un perito, salvo que haya acuerdo sobre el monto entre las partes o que la víctima manifieste de forma expresa que fue reparada integralmente.

En este expediente, el pago permitió que la acción penal dejara de avanzar contra la mujer.

La medida no equivale a una absolución sobre el fondo de los hechos, sino a la terminación del proceso por una causal legal que se aplica cuando se cumplen las condiciones previstas en la norma.

La decisión tampoco supone que cualquier investigado por hurto pueda acceder de forma automática a ese mecanismo .