La familia de una asesinada en Madrid por su expareja reclamará al Estado una indemnización por fallar en su protección

La acusación particular en un juicio por el asesinato de una mujer de 29 años a manos de su expareja en el distrito de Usera en 2024 reclamará al Estado una indemnización por no proteger a la víctima, a quien la Policía Nacional había concedido una situación de máxima alerta tras tres denuncias por malos tratos.

El juicio ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado popular y la exposición previa de las partes a los miembros del tribunal.

Se trata del tercer juicio al que se enfrenta el procesado, condenado ya por un delito de amenazas y por agresiones contra la propia fallecida.

Está previsto que el acusado declare el próximo lunes ante el tribunal.

Tras el asesinato de Diana, vecinos de Usera se movilizaron para mostrar su repulsa y condena por el crimen y reclamar una mayor protección para las mujeres víctimas de violencia de género.

Las concentraciones sirvieron también para trasladar el apoyo a la familia de la joven y denunciar la situación de violencia que había sufrido antes de su muerte.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2024 en el domicilio de la víctima.

El agresor entró en su habitación armado con un cuchillo y la atacó por sorpresa mientras se iba a dormir, causándole heridas mortales en el cuello y el tórax que le seccionaron la carótida y la yugular.

RESPONSABILIDAD AL ESTADO La defensa ha explicado que reclamará al Ministerio de Justicia y, en su caso, al Ministerio del Interior una indemnización por "no haberse hecho un seguimiento correcto" a la protección de la víctima.

En el caso de silencio administrativo, planteará una demanda civil contra el Gobierno.

La acusación particular sostiene que la víctima se encontraba en una situación de máxima alerta policial tras haber denunciado en tres ocasiones a su expareja por malos tratos, por lo que considera que existió un fallo en las medidas de protección que debía recibir.

Por este motivo, además de ejercer la acusación contra el procesado, su representación legal reclamará dichas indemnizaciones por los fallos en el funcionamiento de los servicios públicos de protección, al considerar que no se adoptaron las medidas necesarias para evitar el desenlace mortal.

El representante del Ministerio Público solicita una pena de 26 años de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de asesinato, al igual que reclama la acusación particular, que suma reincidencia como una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal.

La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular, reclama la misma pena de cárcel.