Se le rompieron las dos prótesis mamarias cinco años después de operarse: indemnización millonaria contra el fabricante y el distribuidor

La Justicia civil de Mar del Plata falló en favor de una mujer que denunció la ruptura prematura de implantes mamarios y los daños asociados a su salud y economía , ordenando a la fabricante y a la distribuidora de los productos a pagarle una suma millonaria y una multa adicional .

De acuerdo con los documentos judiciales, el reclamo se fundó en la Ley de Defensa del Consumidor y en la responsabilidad objetiva de quienes introducen productos médicos en el mercado.

Según consta en la sentencia, la demandante, actualmente de 44 años, se sometió en 2012 a una cirugía de implante mamario con prótesis de origen francés, distribuidas por empresas locales.

El procedimiento resultó exitoso en un principio, pero cinco años más tarde, en septiembre de 2017, estudios médicos detectaron la ruptura bilateral de los implantes y la presencia de siliconoma axilar derecho, un cuadro que la llevó a una nueva intervención quirúrgica de urgencia .

La mujer afirmó que, pese a los controles postoperatorios anuales y a haber solicitado respuestas a las empresas proveedoras, sus reclamos no obtuvieron respuesta.

La falta de contestación motivó el envío de cartas documento, tampoco respondidas, lo que la llevó a judicializar el caso.

La cirugía correctiva incluyó la extracción de ganglios afectados y la colocación de nuevas prótesis de distinta marca.

Durante el proceso, la reclamante denunció no solo el daño físico y psíquico, sino también la afectación de su economía y entorno familiar, ya que debió afrontar gastos médicos y endeudarse para costear el procedimiento.

La demanda incluyó rubros como incapacidad, daño emergente, gastos de traslado, tratamiento psicológico futuro, daño moral y un pedido de daño punitivo, dejando a criterio judicial la determinación del monto.

Las empresas demandadas negaron las acusaciones y atribuyeron la ruptura de los implantes a múltiples causas posibles, como un acto quirúrgico defectuoso, traumatismos, el propio envejecimiento del material o el incumplimiento de los protocolos de garantía.

Sostuvieron que la vida útil de los productos no podía garantizarse de por vida y que la reclamante no siguió los pasos necesarios para la reposición gratuita de los implantes .

La proveedora local, además, cuestionó la notificación de la mediación y la falta de documentación clínica que probara un defecto de fabricación, mientras la fabricante alegó que, ante la ausencia de un consentimiento informado sobre los riesgos, la responsabilidad recaía en la distribuidora y el cirujano interviniente.

El médico que realizó ambas intervenciones fue citado como tercero en el proceso.

Reconoció haber practicado la cirugía y la posterior reoperación por indicación médica tras comprobar la ruptura de los implantes.