Reforma pensional: faltarían $16,2 billones para cubrir los gastos de 2027, advirtió el Ministerio de Hacienda a la Corte Constitucional

El Gobierno nacional no tendría los recursos presupuestales suficientes para asumir los costos adicionales de la reforma pensional en 2027, año en el que está prevista la entrada en vigor de la mayor parte de sus disposiciones, el 1 de abril de 2026.

Así lo expuso el Ministerio de Hacienda, cartera que lidera Miguel Gómez Martínez, en un documento enviado a la Corte Constitucional, en el que detalló las necesidades de financiación de los pilares del nuevo sistema y los recursos que no fueron incluidos en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para esa vigencia .

El pronunciamiento se conoce mientras la Corte Constitucional estudia la solicitud del Gobierno para moderar los efectos fiscales de su decisión sobre la Ley 2381 de 2024.

Entretanto, la Cámara de Representantes se prepara para discutir nuevamente nueve apartes de la reforma y una proposición que fueron devueltos al Congreso por el alto tribunal debido a problemas de procedimiento legislativo.

En la comunicación remitida a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, el ministerio explicó que la incorporación de las nuevas obligaciones sin una fuente de financiación prevista podría afectar la programación de las finanzas públicas.

“ La implementación de la reforma en la vigencia 2027 impediría incorporar de manera coherente las nuevas obligaciones con fuentes adicionales de financiamiento previstas en los instrumentos de planeación financiera del Gobierno, lo cual generaría un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas ”, señaló la entidad.

Los recursos que faltan para los pilares contributivo y solidario En un oficio fechado el 8 de octubre, el Ministerio de Hacienda precisó que hay un déficit para transferir recursos a Colpensiones y cubrir los gastos del pilar contributivo y el semicontributivo.

“ Para la vigencia 2027 hay un déficit estimado en $5,4 billones para transferir a Colpensiones y que cubra los gastos asociados a la implementación de la Ley 2381 de 2024 ”, indicó la cartera en el documento.

Estos recursos corresponden a las transferencias adicionales que tendría que realizar el Gobierno para atender las obligaciones de ambos componentes del sistema.

Incluyen el pago de mesadas pensionales y prestaciones económicas inferiores a un salario mínimo contempladas en el nuevo esquema.

A este monto se suma el costo del pilar solidario, destinado a ampliar la cobertura de los apoyos económicos para la población adulta mayor que no cuenta con una pensión.

Aunque el programa Colombia Mayor continuará funcionando, la reforma establece un alcance superior al de los subsidios actuales .

Las proyecciones citadas en el oficio contemplan una población potencial de hasta 4,6 millones de beneficiarios, cada uno con una transferencia mensual aproximada de $258.000.