A juicio un policía por acceder en Viogen al riesgo de una víctima a la que no protegía

Santander, 22 oct (EFE).- La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para un policía local de Santander por un delito contra la intimidad para acceder repetidamente al sistema Viogen para conocer el nivel de riesgo de una víctima a la que no le correspondía proteger e intentar maniobrar para que se le rebajara.

Según el auto del juez instructor por el que se abre juicio oral al policía, el agente tenía una relación personal con el presunto agresor, que le arrendaba una vivienda.

Además el instructor declara responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Santander, que deberá comparecer en un plazo de diez días y formular escrito de defensa, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Cantabria en una nota.

De las diligencias practicadas se desprende que el agente, destinado a la Oficina de Protección de Víctimas, presuntamente abusando de su condición de funcionario con acceso a VioGen accedió repetidamente a los datos relacionados con el nivel de riesgo de la mujer, a pesar de que no tenía encomendada su protección.

Tras acceder a esos datos, existen indicios, según el instructor, de que habló con el policía nacional que sí estaba encargado de protegerla y consiguió que se "reevaluara el nivel de riesgo", que pasó a ser bajo.

La defensa del policía solicitó el sobreseimiento argumentado que el acceso al fichero no es delito pero el magistrado rechazó la petición, señalando que el acceso a los datos contenidos en él y concretamente al nivel de riesgo sí lo es.

Según el instructor, "maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema Viogen en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo pena".

El policía será juzgado por la Audiencia de Cantabria, que ya confirmó la instrucción después de que no prosperara el recurso de la defensa.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros.

La acusación particular solicita tres años de prisión, 8.100 euros de multa y 6.000 euros de indemnización.

EFE