El 90% de los casos de extorsión en Honduras no llega a los cabecillas, según organismo local

Las investigaciones contra la extorsión en Honduras continúan concentrándose en personas capturadas mientras cobran el dinero exigido a sus víctimas, en lugar de alcanzar a los niveles superiores de las estructuras criminales , según la Asociación para una Sociedad más Justa ( ASJ ), organización de la sociedad civil hondureña.

Nelson Castañeda , director de Seguridad y Justicia de la ASJ, afirmó que alrededor del 90% de los requerimientos fiscales y las condenas por extorsión entre 2022 y 2025 corresponde a personas detenidas en flagrancia.

A su juicio, este patrón limita la capacidad del Estado para desarticular las redes que organizan, financian y dirigen el delito.

El señalamiento surge de una revisión de información solicitada por la ASJ sobre la respuesta estatal frente a la extorsión, un delito que afecta a familias, comerciantes y transportistas, además de generar presiones económicas en comunidades enteras.

“Me atrevo a decirle que el 90 por ciento de esos requerimientos y de esas condenas fueron personas que fueron capturadas en flagrancia” , dijo Castañeda al referirse a los resultados del período analizado.

Castañeda sostuvo que las autoridades deben avanzar hacia investigaciones capaces de identificar a quienes coordinan las operaciones criminales, más allá de detener a las personas que reciben directamente los pagos.

La dimensión del problema también se refleja en las estimaciones de hogares afectados.

Según los datos expuestos por Castañeda , durante 2024 la cifra superó los 300.000 hogares, mientras que en 2025 se situó en aproximadamente 294.000.

Hogares víctimas de extorsión El boletín de seguridad y justicia de la ASJ registra específicamente 294.760 hogares víctimas de extorsión en 2025, frente a 304.387 en 2024.

Esas cifras corresponden a hogares en los que al menos una persona informó haber sido víctima de extorsión durante los 12 meses anteriores a la medición.

No representan necesariamente el número de denuncias presentadas ante la Policía ni la cantidad de expedientes abiertos por el Ministerio Público .

Un delito puede afectar a una familia sin que sus integrantes formalicen una denuncia, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en la respuesta de las autoridades.

Para Castañeda, la extorsión ha dejado de ser un problema limitado al patrimonio individual y se ha convertido en un mecanismo de presión económica que puede condicionar la actividad comercial y la vida cotidiana de barrios completos.

Los pagos exigidos a transportistas, pequeños comerciantes y familias reducen los ingresos disponibles y pueden obligar a algunos negocios a modificar sus horarios, limitar sus operaciones o incluso cerrar.