La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación del campamento de migrantes habilitado en el puerto de Ceuta, y ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que remita los expedientes administrativos completos sobre esta instalación en un plazo improrrogable de veinte días.

La decisión llega apenas unos días después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazara la medida cautelarísima con la que el sindicato pretendía frenar de forma inmediata la puesta en marcha del dispositivo.

Según consta en el decreto de admisión a trámite, al que ha tenido acceso la agencia EFE , el tribunal precisa que, si existieran documentos declarados confidenciales dentro de ese expediente, estos deberán permanecer en depósito de la Administración, aunque siempre “a plena disposición del tribunal”.

La admisión a trámite no implica, en ningún caso, un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Mientras la Sala estudia el fondo del recurso, el Ejecutivo no ha paralizado su plan .

El pasado jueves, la Audiencia Nacional ya había denegado la petición urgente del sindicato, y al día siguiente el Gobierno procedió al traslado de 1.700 personas desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el nuevo centro temporal instalado en la zona portuaria.

El campamento ocupa unos 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del puerto ceutí.

El SUP exige conocer los protocolos de seguridad del dispositivo Una vez operativo el centro, el sindicato ha insistido en su intención de fiscalizar el funcionamiento del recinto.

En un comunicado, el SUP ha reiterado los riesgos de seguridad que, a su juicio, puede acarrear este dispositivo de acogida, y ha recordado que la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó en un primer momento esta ubicación por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto.

Esa posición cambió después, cuando Puertos del Estado emitió un informe favorable por razones de interés general .

El sindicato ha anunciado que reclamará “conocer y fiscalizar” las evaluaciones de riesgos, los protocolos, los efectivos y los medios previstos para garantizar la seguridad de los agentes destinados a “un entorno especialmente sensible”.

“Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros”, remarcaba la organización en la nota remitida.

El procedimiento judicial arrancó el 15 de septiembre, cuando el SUP presentó recurso contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del 5 de septiembre, que autorizaba el uso de los 16.000 metros cuadrados portuarios para instalar el dispositivo temporal.