Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Procuraduría revisar denuncias de violencia y discriminación con enfóque de género

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, a la salud mental y a una vida libre de violencias de una funcionaria de la Contraloría General de la República, al decidir no iniciar una actuación disciplinaria sin realizar un análisis integral de las denuncias formuladas y de las pruebas relacionadas con los hechos expuestos.

La decisión fue adoptada con ponencia de la magistrada María Del Pilar Veloza Parra.

De acuerdo con lo establecido por la corporación, la Procuraduría dejó por fuera del estudio otros elementos que habían sido puestos en su conocimiento y que estaban relacionados con posibles hechos de discriminación, violencia institucional, desprotección laboral y afectaciones a la salud mental.

Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la actuación de la Procuraduría no permitió establecer una valoración completa del conjunto de situaciones expuestas por la funcionaria.

La corporación consideró que el análisis de la entidad se limitó a la eventual existencia de acoso laboral, pese a que las denuncias comprendían otros posibles comportamientos y circunstancias que debían ser examinados de manera conjunta.

Entre los aspectos señalados se encuentran las denuncias relacionadas con presunta discriminación, violencia institucional y desprotección en el ámbito laboral.

También se incluyeron elementos relacionados con las consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido sobre la salud mental de la funcionaria.

La valoración de las denuncias deberá ser integral Para el tribunal, esos componentes debían ser examinados dentro del contexto general de los hechos y no de manera aislada.

La decisión sostiene que las autoridades deben analizar las circunstancias denunciadas de forma integral cuando existen elementos que pueden estar relacionados entre sí y que pueden incidir en los derechos fundamentales de la persona que acude ante la administración de justicia.

La Corporación también recordó las obligaciones de las autoridades frente a situaciones que puedan constituir violencia contra las mujeres.

En ese sentido, señaló que los casos que involucren posibles hechos de violencia contra las mujeres deben ser abordados con perspectiva de género , de manera que la respuesta institucional tenga en cuenta las circunstancias particulares en las que se producen los hechos denunciados.

El pronunciamiento se relaciona, además, con el deber de las autoridades de garantizar el acceso efectivo a la justicia.