Bolivia denuncia a 4 exministros por daño económico millonario en la compra de radares

La Paz, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia presentó este jueves una denuncia penal contra 19 personas, incluidos cuatro exministros de Defensa, por un supuesto daño económico millonario en la compra de un sistema integrado de 13 radares de vigilancia civil y militar, de los cuales solo llegaron a funcionar dos.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó la demanda penal en la Fiscalía Departamental de La Paz, acompañado del procurador del Estado, Hugo León, y de autoridades del Viceministerio de Transparencia.

Justiniano dijo que una auditoría interna estableció un posible daño económico "superior a 1.478 millones de bolivianos", equivalentes a algo más de 126,5 millones de dólares.

El ministro explicó que el contrato original, suscrito en 2016 con la empresa francesa Thales, daba un plazo de 31 meses para la entrega del sistema.

No obstante, las primeras pruebas se hicieron recién a los 82 meses, periodo en el que, además, fueron firmados siete contratos modificatorios y la demostración final fue a los 98 meses después de la suscripción del primer documento, indicó.

"La auditoría encontró observaciones en la contratación, en las modificaciones contractuales, en las garantías, en los procesos de recepción y en el resultado operativo del sistema", sostuvo.

Según Justiniano, de los 13 radares que estaban incluidos dentro del sistema, se estableció que solo dos están operando, otros dos no funcionan y nueve presentan "observaciones", por lo que tampoco están operando.

Las exautoridades denunciadas son Reymi Ferreira, que firmó el contrato original y los dos primeros modificatorios; Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo.

Los cuatro exministros cumplieron funciones entre 2016 y 2025, Ferreira y Zavaleta en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), López en la Administración transitoria de Jeanine Añez (2019-2020) y Novillo en la de Luis Arce (2020-2025).

Además de ellos, están denunciados exfuncionarios, representantes técnicos y otros de la empresa contratista.

Justiniano aclaró que el proyecto tenía la modalidad de "llave en mano", es decir que el Estado boliviano debía recibir "un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación", lo cual no ocurrió.

Por su parte, el procurador del Estado dijo que la denuncia se presentó por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En agosto de 2016, el entonces Gobierno de Morales contrató a Thales para que instale un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares (196 millones de euros).