El oro del Estado podría ser ilícito: Abelardo de la Espriella radicó demanda por irregularidades en compra y exportación durante el gobierno Petro

En medio del megapaquete de denuncias que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, entregó a la Fiscalía General de la Nación en su denominado libro de la verdad, se conoció una en particular que afectaría gravemente el negocio del oro en Colombia.

De hecho, en la mañana del domingo 23 de agosto se conoció que el Ejecutivo encontró, en una auditoría forense interna, que la operación de C.I.

Meprecol S.A.S., empresa que el Estado administró durante años para comprar y exportar metal precioso habría cometido serias irreguralidades en el negocio .

Según la información revelada por la revista Cambio , los hallazgos apuntan a vacíos sobre el origen del oro, el recorrido del dinero público y los controles antilavado aplicados en ese periodo.

El caso volvió al centro del debate el martes 18 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un documento de 82 páginas.

Entre obras, contratos y otros episodios de presunta corrupción, uno de los expedientes se concentró en el oro que el Estado compró y exportó por medio de Meprecol.

La empresa quedó en el centro de esa reconstrucción por su papel dentro de la apuesta oficial por la compra estatal de oro .

En noviembre de 2025, por instrucción del expresidente Gustavo Petro, Meprecol pasó al Ministerio de Minas y Energía, pero la historia que hoy se revisa venía de mucho antes.

Meprecol nació en 2006, cuando productores mineros del Chocó la fundaron como comercializadora de oro.

Su trayectoria dio un vuelco en 2017, cuando la Fiscalía intervino y sus representantes legales, contadores y revisores fiscales quedaron detenidos dentro de un proceso que documentó el lavado de 3,6 billones de pesos.

Desde entonces, el Estado asumió la administración de la compañía tras la extinción de dominio.

El problema, según la auditoría, es que no desmontó el modelo de negocio que había heredado, sino que lo habría mantenido bajo la Sociedad de Activos Especiales (SAE) .

La revisión ordenada por la nueva administración concluyó que el Estado habría perdido la capacidad de demostrar de dónde provenía parte del oro, quién lo vendía realmente y cómo circulaban los recursos con los que se pagaba, según reveló Cambio .

Los auditores también describieron desorden financiero en los dos últimos años examinados, con pagos que consideraron innecesarios y un deterioro que, en sus propios términos, habría permitido el “saqueo” de la compañía.