Certificados médicos truchos: el viernes se realizarán las primeras acusaciones

La causa por los certificados médicos truchos entregados por estatales rionegrinos finalmente tendrá este viernes su primera audiencia efectiva de formulación de cargos.

Esta instancia – que se cumple a los dos años y tres meses de la denuncia – retoma la convocatoria del 4 de junio, cuando el juez de Garantías Adrián Dvorzak suspendió el debate y planteó su reprogramación por la imposibilidad operativa de cumplirlo con las 119 personas acusadas. En esa ocasión, se dispuso que las imputaciones se realizarían en diferentes audiencias.

La investigación apunta a l a utilización de certificados médicos con diagnósticos presuntamente falsos para justificar enfermedades y licencia s que presentaron agentes públicos, firmados por una profesional roquense.

La primera audiencia, fijada para el viernes del 21, prevé las acusaciones a la profesional que expidió la documentación cuestionada y al facilitador de la gestión, como también a cuatro agentes públicos (un penitenciario, una docente y dos policías). Los defensores son Silvio Garrido, Santiago Gonzalo Silva y Omar Jurgeit.

Los fiscales son Francisco Marano y Juan Pedro Peralta, mientras que el Estado provincial es querellante, que representará Federico Rosbaco de la Fiscalía de Estado.

La causa original se formalizó el 23 de mayo de 2024 , a partir de una presentación del gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y su adjunto, Luciano Minetti Kern. En una posterior presentación, los funcionarios identificaron como firmantes a una médica de General Roca y a un psicólogo de Villa Regina.

Además, durante esos días, se aseguraba de que la denuncia se ampliaría a otros médicos, pero finalmente eso nunca se concretó. También, en el expediente judicial quedó desvinculado el profesional de Regina porque las pruebas no eran suficientes.

La hipótesis fiscal apunta a una maniobra que habría permitido a trabajadores estatales justificar sus ausencias en sus labores en el Estado mediante certificados que consignaban enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.

La presunta maniobra no se limitaría a quienes presentaron los certificados. La investigación también procura determinar la eventual responsabilidad de los profesionales que los emitieron y de quienes pudieron haber intervenido como gestores.

La presencia del Estado como querellante responde al perjuicio económico que, según la investigación, habría sufrido la administración provincial por el pago de haberes durante períodos de licencias sustentadas en documentación presuntamente falsa.

La causa por los certificados médicos truchos entregados por estatales rionegrinos finalmente tendrá este viernes su primera audiencia efectiva de formulación de cargos.