Una sucesión de irregularidades en la Legislatura unicameral incomodan al peronismo cordobés

CÓRDOBA.- La Legislatura unicameral de Córdoba se ha convertido, desde hace un tiempo, en uno de los puntos más incómodos para el peronismo provincial .

No por una derrota parlamentaria ni por la dificultad para aprobar las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, sino por una sucesión de episodios que golpean la imagen de “transparencia e institucionalidad” con la que el cordobesismo intenta diferenciarse de otras experiencias políticas nacionales.

El gobernador Martín Llaryora , ante las consultas por el caso, pidió que la Justicia vaya “a fondo” .

El primer golpe durante su gestión fue el caso de la denominada “empleada fantasma” en enero de 2025.

Guillermo Kraisman , exconcejal peronista de la ciudad de Córdoba, que ya enfrentaba una causa judicial por tratar de llevarse unos productos sin pagar de un supermercado siendo funcionario municipal, fue detenido luego de intentar cobrar el sueldo de una mujer que figuraba como contratada de la Unicameral y que aseguró que nunca había trabajado allí.

La designación −según testimonios− estaba vinculada con la legisladora oficialista Nadia Fernández , quien se desligó del nombramiento cuando declaró en la causa judicial.

Meses después, fue designada secretaria general de Gestión Penitenciaria.

El hecho abrió un debate respecto de si ese contrato era un caso aislado o una muestra de un sistema de contrataciones utilizado para distribuir cargos entre dirigentes y allegados de los legisladores .

Tres meses después del escándalo, las autoridades de la Unicameral difundieron los nombres de 1055 personas contratadas, entre los que surgieron nombres de familiares de dirigentes, 86 exintendentes y referentes políticos de distintos partidos.

Unos $1000 millones mensuales eran destinados al pago de ese personal que, en su mayoría, aparecía como “asistente” de los legisladores sin ningún detalle sobre las funciones que realizan.

La vicegobernadora Myrian Prunotto , responsable institucional del Poder Legislativo, sostuvo que “no hay contratados fantasmas” .

Planteó que las contrataciones dependen “de cada uno de los legisladores y la baja también” y añadió que Fernández había pedido la baja porque la mujer no concurría a trabajar.

Sobre la revisión general, apuntó que “no se detectó otro caso similar”.

En las últimas semanas, un caso judicial escaló y alcanzó nuevamente a la Unicameral.