Corte Constitucional pone bajo la lupa pagos de ayudas a víctimas de desplazamiento: hubo 21.907 giros reintegrados
Las dificultades para hacer efectivo el pago de ayudas humanitarias a víctimas de desplazamiento forzado llevaron a la Corte Constitucional a solicitar una nueva revisión por parte de los organismos de control.
El análisis estará enfocado en determinar si las fallas detectadas durante el primer semestre de 2026 ameritan actuaciones de vigilancia y control fiscal.
El llamado quedó consignado en el Auto 530 de 2026, expedido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
En ese documento, la Corte puso en conocimiento de la Contraloría las situaciones advertidas durante la operación del esquema de pagos y recibió posteriormente un informe de la Contraloría Delegada para el Posconflicto.
El reporte entregó un panorama de los obstáculos que enfrentaron los beneficiarios para acceder a los recursos.
Entre las dificultades aparecen problemas de cobertura territorial, disponibilidad de efectivo y conectividad, además de inconvenientes en el cargue de beneficiarios y la validación de identidad.
A esas situaciones se sumaron bloqueos de giros, reintegros, dificultades de trazabilidad y problemas de conciliación de los recursos.
La Contraloría también informó sobre casos en los que los pagos fueron realizados de manera parcial o quedaron incompletos.
Las cifras revisadas por la Corte permiten dimensionar el alcance de la operación.
Al 30 de junio de 2026 se habían colocado 246.668 giros de atención humanitaria.
De ellos, 198.588 habían sido pagados, mientras 21.907 fueron reintegrados y otros 26.173 permanecían vigentes.
El balance hace parte del seguimiento que realiza la Corte sobre la respuesta institucional dirigida a la población víctima de desplazamiento forzado.
Para el organismo de control, las situaciones encontradas constituyen elementos objetivos que pueden ser valorados para establecer si corresponde adelantar actuaciones relacionadas con la gestión contractual y financiera del sistema de pagos.
La eventual revisión fiscal estaría vinculada con el Contrato Interadministrativo 2064 de 2026 .
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