“Están matando a mi papito”: 665 policías y agentes de seguridad fueron asesinados en este sexenio

El informe de Causa en Común documentó que 665 agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026, en un periodo marcado por bajos salarios, falta de equipamiento, ausencia de carrera policial y la asignación de mandos militares en corporaciones estatales.

Durante 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 elementos de la Guardia Nacional, 12 integrantes del Ejército, cinco policías federales y dos miembros de la Marina.

Del 2 al 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.

Jalisco acumuló 37 agentes asesinados y encabezó el registro de entidades con mayor número de víctimas.

Le siguieron Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 17, y Estado de México, con 16.

El documento “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico” expuso que la violencia contra los integrantes de las corporaciones ocurrió mientras una parte de los casos permaneció impune.

La organización sostuvo que las deficiencias institucionales limitaron la capacidad de las policías para prevenir delitos, investigar conductas indebidas y garantizar condiciones laborales para su personal.

Los recursos crecieron de forma marginal frente a las carencias policiales Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los agentes enfrentaron riesgos crecientes.

El informe atribuyó el debilitamiento de las corporaciones a omisiones políticas reflejadas en recortes presupuestales y en la militarización de las tareas de seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa, de acuerdo con el estudio.

El organismo emitió acuerdos sin plazos ni mecanismos claros para verificar su cumplimiento, mientras persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país.

La falta de información impidió conocer con exactitud cuántos elementos integraban las corporaciones nacionales.

La mayoría de las instituciones tampoco contó con un servicio profesional de carrera que estableciera reglas transparentes para el ingreso, la permanencia y los ascensos.

El informe describió las condiciones laborales de una proporción de los agentes como insuficientes: recibieron ingresos por debajo de los parámetros sugeridos por estudios oficiales, carecieron de seguridad social y enfrentaron jornadas extremas.