Alertan de violencia persistente en Honduras tras el asesinato de 15 defensores en 2025

El informe “Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir” , presentado este miércoles en Tegucigalpa por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), alerta sobre la persistencia de una violencia que mantiene en extrema vulnerabilidad a líderes comunitarios, campesinos, defensores ambientales y personas que ejercen labores de protección de derechos.

De acuerdo con el documento, las 15 víctimas fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Once defendían la tierra y territorio , dos desarrollaban labores relacionadas con la protección del medioambiente y otras dos estaban vinculadas con la defensa de la libertad de expresión.

La organización considera que esta situación representa un desafío urgente para el Estado hondureño, que debe adoptar medidas efectivas para prevenir nuevos crímenes, garantizar la protección de los defensores y avanzar en investigaciones que permitan determinar responsabilidades.

La directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, pidió al Estado actuar para detener los asesinatos y las agresiones contra quienes ejercen labores de defensa comunitaria .

La activista advirtió que la violencia no puede continuar siendo asumida como un fenómeno inevitable ni quedar limitada a respuestas posteriores a los crímenes.

Castro señaló que es necesario implementar medidas de protección capaces de prevenir ataques y garantizar que la población pueda desarrollar sus actividades sin temor.

A su juicio, la situación refleja una ausencia de garantías suficientes para quienes se encuentran involucrados en conflictos territoriales, ambientales o sociales.

Uno de los sectores que más preocupa a la organización es el de los campesinos y garífunas , comunidades que, según el informe, figuran entre las principales afectadas por desalojos y otras expresiones de violencia relacionadas con la defensa de sus territorios.

El informe advierte que los procesos de despojo y desplazamiento pueden estar acompañados de medidas coercitivas y acciones destinadas a expulsar a familias de terrenos donde han vivido durante años.

Para ACI PARTICIPA, este tipo de prácticas profundiza la indefensión de comunidades que buscan defender sus derechos sobre la tierra.

La violencia, además, no se limita a los dirigentes directamente involucrados en los conflictos.

El documento señala que también ha alcanzado a núcleos familiares relacionados con procesos de defensa territorial y ambiental, aumentando el impacto social de los ataques y generando un clima de temor entre las comunidades.

El Bajo Aguán , en el departamento de Colón, aparece como el principal foco de preocupación.