Ruralistas cuestionaron un proyecto que busca incorporar la figura del “ecocidio” al Código Penal

El debate por la incorporación de la figura del “ecocidio” como delito en el Código Penal escaló en tensión y encendió las alarmas de toda la cadena agroindustrial argentina.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado en junio.

Antes de que la iniciativa llegue al recinto de la Cámara Alta, Confederaciones Rurales Argentinas ( CRA ) salió a marcar una “profunda preocupación”.

Para la entidad, que integra la mesa de enlace, una medida de esas características atentaría de manera directa contra la seguridad jurídica, la previsibilidad económica y el Estado de derecho.

Desde la institución ruralista, sostienen de manera enfática que la defensa y conservación del ambiente representan un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la comunidad.

No obstante, advierten que esa meta fundamental no puede utilizarse como pretexto para impulsar tipificaciones penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución nacional.

Leé también: “Hay que buscar equilibrio”: la Mesa de Enlace y los semilleros negocian la reforma de la Ley de Semillas Para CRA, legislar bajo consignas mediáticas o presiones coyunturales solo introduce discrecionalidad, arbitrariedad y una severa conflictividad judicial en el desarrollo cotidiano de la economía.

Uno de los ejes centrales del reclamo radica en la marcada indeterminación con la que se redactaron las conductas punibles.

El proyecto introduce al Código Penal términos imprecisos como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” o “afectación multiecosistémica”, sin definir parámetros objetivos ni esquemas técnicos que le permitan a un ciudadano, productor o profesional saber con exactitud qué acción u omisión concreta puede transformarse en delito.

Esta indeterminación, aseguró CRA, “vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución, privando a la sociedad de una garantía esencial: la certeza respecto a los límites del poder sancionatorio del Estado”.

El Senado debatirá la incorporación del delito de ecocidio.(Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

El riesgo de la disparidad jurídica y el freno a la inversión CRA alertó también que la iniciativa configura una “ley penal en blanco”, debido a que remite la delimitación definitiva de la infracción penal a lo que dispongan regulaciones nacionales, provinciales o incluso ordenanzas municipales.