Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Los bancos de la Unión Europea deberán reembolsar de inmediato el dinero sustraído en operaciones de pago no autorizadas, incluso si consideran que el cliente facilitó el fraude por negligencia grave.

Si la entidad quiere recuperar el importe, tendrá que reclamarlo después y probar cómo se equivocó el usuario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado este criterio en una sentencia dictada el 15 de octubre.

La resolución interpreta la normativa europea sobre servicios de pago y España tendrá que seguir esta doctrina.

Su aplicación puede elevar el dinero que la banca deberá adelantar en un mercado donde las estafas en pagos alcanzaron 4.200 millones de euros en 2024.

El fallo no establece que los bancos deban asumir de forma definitiva todos los fraudes: primero, la devolución al cliente; después, si la entidad sostiene que hubo fraude, actuación deliberada o negligencia grave, deberá acreditar esa circunstancia y reclamar el dinero por la vía correspondiente.

El reembolso debe llegar, como máximo, al siguiente día hábil La decisión precisa que el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe de una operación no autorizada de inmediato y, a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en que detectó el movimiento o recibió la notificación del afectado.

La única excepción contempla los casos en los que el banco tenga motivos razonables para sospechar que el propio cliente cometió un fraude.

Para aplazar el reembolso, la entidad debe comunicar esas sospechas por escrito a la autoridad nacional competente.

El TJUE diferencia esa situación de una posible negligencia de la víctima.

Que un cliente haya introducido sus claves en una página falsa, facilitado un código recibido por SMS o incumplido de otra forma sus deberes de seguridad no permite al banco bloquear de entrada el reintegro.

La entidad podrá reclamar el importe posteriormente, pero le corresponderá demostrar que el usuario actuó de forma fraudulenta , deliberada o con negligencia grave.

El tribunal añade que el uso de claves o de mecanismos de autenticación reforzada no prueba por sí solo que el cliente autorizara la operación ni que incumpliera sus obligaciones de seguridad.

Un fraude de 705 euros llevó el caso ante la justicia europea El litigio se originó en Polonia.