El negocio verde que puede dejar hasta US$3.900 millones por año en Argentina

Argentina tiene frente a sí una oportunidad económica que, de concretarse, podría transformar al carbono en una nueva fuente de inversiones y divisas, aseguran desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Y por ello, reclaman al Senado de la Nación que avance con urgencia en una ley que establezca reglas para el funcionamiento del mercado de créditos de carbono.

El proyecto de ley marco para regular los mercados de carbono en Argentina se encuentra actualmente con dictamen de comisión aprobado en la Cámara Alta , listo para ser tratado y votado en el recinto tras una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que los legisladores unificaron y pasaron a la firma el dictamen.

En ese contexto, el CAA reclama que el Senado le otorgue la media sanción definitiva para que el proyecto pueda ser girado a la Cámara de Diputados.

Desde la entidad estiman que un marco regulatorio claro permitiría captar entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales , además de impulsar inversiones territoriales por más de US$2.000 millones en el mediano plazo.

La apuesta está puesta especialmente en el potencial ambiental de la producción agroindustrial argentina.

El escenario actual, sin embargo, dista de estar consolidado .

El país cuenta con más de 40 proyectos de carbono en ejecución, pero la mayoría se encuentra limitada al mercado voluntario .

Según el sector, una legislación que permita vincular esos desarrollos con mercados internacionales podría multiplicar las oportunidades.

Para el CAA, el atractivo argentino reside en actividades capaces de generar reducciones o capturas de emisiones: manejo de suelos, ganadería regenerativa, forestación, bioenergía y producción de biocarbón aparecen entre las principales alternativas.

Sin embargo, “para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la entidad.

Qué propone la ley Entre los puntos valorados por el CAA se encuentra el reconocimiento de la propiedad de los créditos de carbono en favor de los titulares de los proyectos .

También destaca la posibilidad de comercializar libremente los aportes destinados a mercados voluntarios , sin autorizaciones administrativas previas que, a su criterio, podrían convertirse en trabas burocráticas; la estabilidad fiscal durante diez años , la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional de carácter ágil, gratuito y declarativo.

El objetivo sería evitar la doble contabilización sin transformar al Estado en una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.