Impuesto sobre las emisiones de CO2: qué es, cómo funciona y quién debe pagar
El coste de emitir gases de efecto invernadero ya forma parte de la política fiscal europea y española.
Los impuestos sobre las emisiones de carbono (CO₂) ponen precio a la contaminación para impulsar una economía baja en carbono, ya sea mediante una carga directa por tonelada de dióxido de carbono equivalente o a través de mercados de derechos de emisión.
En España no existe un impuesto único que alcance a todas las emisiones de CO₂ de la economía.
El precio del carbono se traslada mediante el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, impuestos energéticos y figuras tributarias autonómicas .
Entre ellas figuran el impuesto especial sobre hidrocarburos, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, con un tipo del 7%, y el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
El impacto alcanza a industrias con alto consumo energético , importadores y conductores.
La política europea también incorpora desde 2026 el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) , que busca evitar que empresas sujetas a costes ambientales trasladen su producción a países con normas menos exigentes para reimportar después esos bienes en la Unión Europea.
Qué es y cómo funciona Un impuesto al carbono penaliza las actividades que liberan CO₂ u otros gases de efecto invernadero.
El objetivo es encarecer el uso de combustibles fósiles y los procesos más contaminantes, favorecer la inversión en energías renovables y tecnologías limpias, además de generar recursos para medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
La diferencia con un mercado de emisiones está en el mecanismo que determina el coste.
Un impuesto establece un precio fijo para cada tonelada emitida y deja que varíe el volumen de contaminación.
En cambio, el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) fija un límite total de emisiones para grandes instalaciones industriales, la generación eléctrica y la aviación intraeuropea.
Las compañías deben disponer de derechos suficientes para cubrir sus emisiones y pueden comprarlos o venderlos.
El límite del EU ETS baja cada año, por lo que aumenta el incentivo económico para reducir emisiones.
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