Estados Unidos puso en la mira una flota pesquera de Ecuador señalada por traficar cocaína a los carteles mexicanos

Lo que para las autoridades ecuatorianas aparecía como una flotilla de embarcaciones pesqueras que operaba desde la costa de Manabí era, según el Gobierno de Estados Unidos , una pieza clave de una de las rutas marítimas utilizadas para abastecer de cocaína a los carteles mexicanos.

Con esa premisa, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra ocho personas, siete empresas ecuatorianas y diez barcos que, de acuerdo con su investigación, conformaban una estructura logística dedicada al transporte clandestino de droga desde las inmediaciones de Manta hacia México , desde donde la cocaína ingresaba al mercado estadounidense.

La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , que aseguró haber identificado una red empresarial que operaba bajo la apariencia de actividades pesqueras legítimas, pero cuya función real consistía en facilitar el traslado de miles de kilogramos de cocaína cada mes a través del océano Pacífico.

Para Washington, la organización representa un ejemplo de la creciente convergencia entre las bandas criminales ecuatorianas y los grandes carteles mexicanos dedicados al tráfico internacional de drogas.

Según el expediente del Tesoro, las embarcaciones no solo servían para transportar cargamentos ilícitos.

También cumplían funciones de abastecimiento en alta mar: entregaban combustible, alimentos y otros suministros a las lanchas rápidas encargadas de llevar la cocaína hacia el norte del continente.

Algunas de las naves incluso habrían actuado como puestos de vigilancia para alertar sobre la presencia de patrullas antidrogas durante los desplazamientos por el Pacífico oriental.

La investigación estadounidense sitúa el centro de la operación en los alrededores de Manta, uno de los principales puertos pesqueros de Ecuador.

Desde allí, las embarcaciones salían bajo la cobertura de actividades comerciales legales y realizaban, una vez en altamar, el trasbordo de la droga hacia lanchas de alta velocidad que continuaban la ruta con dirección a México.

Posteriormente, los cargamentos eran recibidos por organizaciones criminales mexicanas para su distribución hacia Estados Unidos.

Washington sostiene que la estructura mantenía vínculos con las organizaciones ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos , grupos que Estados Unidos incluyó en 2025 en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambas bandas trabajaban con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que evidencia una integración cada vez mayor entre las organizaciones criminales ecuatorianas y mexicanas para asegurar el flujo de cocaína hacia Norteamérica.

Entre los principales sancionados figura la empresa familiar Arcasdenoe S.A.